El problema de la representatividad en Argentina
La crisis de representación política en Argentina ha sido un tema recurrente en las últimas décadas. En 2001, el país enfrentó una de las peores crisis económicas y políticas de su historia, lo que llevó a una pérdida masiva de confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, un repudio generalizado hacia los partidos políticos y dirigentes evidenciado en una fuerte presencia en el espacio público con «cacerolazos», asambleas barriales y manifestaciones (Mustapic, 2009) como con el denominado “voto bronca” en los comicios legislativos de 2001, en donde casi la mitad del electorado salteó su obligación de sufragar, anuló el voto o votó en blanco (Malamud y De Luca, 2016).
A su vez, en la actualidad, Argentina enfrenta una nueva crisis de representación política: el país ha experimentado una serie de desafíos económicos y políticos tales como una inflación elevada, una deuda externa prominente, una recesión económica y una progresiva falta de confianza en las instituciones políticas. De este modo, un estudio realizado por UNICEF en 2022 demuestra que el 52% de los jóvenes está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con la idea de no sentirse representados por ningún candidato o partido político.
En pos de vislumbrar si la pérdida actual de las capacidades estatales para mantener la confianza de sus miembros y asegurar la legitimidad de sus instituciones (Sidicaro, 2002) puede asemejarse a la desconfianza experimentada durante una de las situaciones de mayor descontento y desesperación del país, el siguiente artículo pretende realizar un estudio comparativo diacrónico entre ambas situaciones de crisis para dar cuenta de sus diferencias y similitudes en términos de percepciones de la ciudadanía.
El problema de la existencia de una brecha en el imaginario social entre el exceso de demanda de legitimidad representativa por parte de los partidos y de sus representantes y el déficit de ese reconocimiento por parte del ciudadano (Kerz y Pomposo, 2006) ha aumentado en los últimos años y generado gran preocupación en la sociedad. Bajo el lema “Volvimos para ser mejores”, Alberto Fernández asumió la presidencia en 2019 con el objetivo de recuperar el crecimiento económico, restañar la herida social dejada por el macrismo y ensayar un estilo de gestión que habilitase acuerdos amplios alrededor de los problemas fundamentales de la nación (Natanson, 2021). Empero, la pandemia por el COVID-19 llevó al país a un estado de emergencia y dificultó la consecución de legitimidad de Fernández, en un contexto que imposibilitaba el crecimiento económico y la planificación a mediano y largo plazo. En los últimos meses, la acelerada inflación ha incrementado el descontento social y la creencia en la incapacidad del gobierno para combatir los desafíos económicos y sociales actuales.
Sin embargo, a pesar del creciente interés en el tema, al ser la profundización de la crisis de representación política un fenómeno reciente, aún no contamos con una extensa bibliografía politológica que analice la complejidad de la situación política actual. Sobre este mismo punto, la limitada existencia de indicadores que hayan recolectado datos durante ambos períodos puede explicar en cierta medida la ausencia de estudios comparativos de forma científica, más allá de artículos periodísticos de opinión.
En cuanto a la metodología de investigación, para analizar ambas crisis de representación utilizaré el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella, un indicador que mide la percepción de la población sobre la calidad de la democracia y la confianza en las instituciones gubernamentales, y se calcula en base a encuestas realizadas a una muestra representativa de la población para analizar regularmente los cambios en la percepción pública en una escala del 0 al 5. Pese a que el ICG es el único indicador con información sobre la confianza en las instituciones gubernamentales tanto en 2001-2002 como en 2022-2023, para un estudio más abarcativo también utilizaré datos del Latinobarómetro hasta 2020 respecto a los niveles de confianza en el Congreso, Presidente, Poder Judicial y Partidos Políticos. Luego, para complementar la información con datos más actuales, analizaré la información obtenida por la Universidad de San Andrés en la Encuesta de Satisfacción Politica y Opinión Publica, un estudio mensual con resultados hasta marzo de 2023 cuyo objetivo es medir la satisfacción de los ciudadanos con el desempeño de los poderes del Estado (Poder Judicial, Senado, Poder Ejecutivo y Diputados) y en diferentes áreas de la política pública. A pesar de las limitaciones metodológicas que presenta comparar dos indicadores diferentes y que miden conceptos distintos, al poseer una diseño muestral similar considero que de igual modo será fructífero para un análisis más amplio y realista de los hitos en cuestión.
Un análisis comparativo de dos momentos históricos
Para analizar la ruptura del lazo entre representantes y representados que para el autor comenzó en 1989, Novaro (1995) plantea que debemos evaluar la percepción de la ciudadanía respecto a los partidos, los parlamentos y otras instituciones fundamentales, así como la eficacia consecuente para formar consensos, seleccionar los liderazgos y administrar el poder político. Por otro lado, Mustapic (2002) agrega que una de las dimensiones de la crisis de representación está asociada al mal desempeño de los gobernantes.
De este modo, el ICG consta de cinco preguntas cerradas que miden la percepción de la población en varios campos del desempeño gubernamental: evaluación general, preocupación por el interés general, eficiencia en la administración del gasto público, honestidad de los funcionarios y capacidad de los mismos para resolver los problemas del país.
Así, en el Gráfico 1.1 podemos analizar cómo el punto mínimo de confianza en el Gobierno se dio en septiembre de 2002 con un valor total de 0.32 durante la presidencia de Eduardo Duhalde. A comparación con el primer valor disponible de 1.04 en noviembre de 2001, la crisis de representación popularmente comenzada en diciembre del mismo año, detonada por la imposición del Corralito, supuso una variación del -27% hacia un valor total de 0.76. Luego, aunque en enero de 2002 aumentó un 79% hacia un valor de 1.36, tras dicho crecimiento disminuyó de forma progresiva hacia el valor mínimo establecido en septiembre.
Por otro lado, el segundo valor más alto1 del ICG corresponde a los inicios de la presidencia de Alberto Fernández en abril de 2020, con un total de 3.29, representando un 48.2% de aumento con respecto al mes anterior y un 41,8% superior a la primera medición de su gobierno. Así, la variación intermensual del índice parecería indicar el apoyo a la decisiones relacionadas con la contención de la pandemia del COVID-19, y podría reflejar las políticas distributivas de contención social hacia los sectores más vulnerables. No obstante, podemos observar en el Gráfico 1.1 una disminución pronunciada del ICG en el gobierno de Fernández desde marzo de 2020 hasta la fecha, explicado en sus inicios por el alargamiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y profundizado luego por los problemas económicos y las luchas políticas tanto con la oposición como al interior de la coalición peronista (Natanson, 2021).
Así, pese a tener el segundo valor más alto del ICG, la gestión de Fernández también posee el diecisieteavo valor más bajo y el tercero si consideramos como un mismo período a los acontecimientos sucedidos entre noviembre de 2001 y abril de 2003. El único valor menor desde mayo de 2003 fue en diciembre de 2009, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (1,04). De esta forma, el anteúltimo dato registrado, en abril de 2023, supone un valor total del ICG de 1.07, una disminución de 9,1% respecto de marzo y del 25.5% en términos interanuales, a la vez que una disminución del 207.47% con respecto al valor máximo de su gestión y una diferencia de 0.03 puntos con respecto al segundo valor más bajo desde 2003. Mientras que por el momento el promedio de confianza en la gestión de Fernández (1.73) es mayor a la primera gestión de CFK por 0.02 puntos, durante el segundo mandato de CFK se observa un aumento de los valores del Índice que pueden relacionarse con la recuperación económica y las políticas sociales desarrolladas (Mora y Araujo, 2011). Por otro lado, aunque en ciertos momentos de la gestión actual de Fernández el ICG aumentó de forma graduada, desde su punto máximo en abril de 2020 los valores totales sufrieron una progresiva disminución hasta alcanzar su valor actual de 1,13 en mayo. Empero, los valores de la gestión de Fernández, aunque de los más bajos tras la crisis de representación en 2001-2003, superan al promedio de valores de dicha crisis por 0.97 puntos.
Componentes del ICG
Casi en concordancia con los valores generales del ICG, todos sus componentes registraron su nivel más bajo en agosto de 2002, un mes antes del valor mínimo total del Índice. El Gráfico 1.2 muestra que la evaluación general del mandato de Duhalde en ese momento fue de 0.09, mientras que la percepción por parte de la ciudadanía sobre su eficacia fue de 0.18. Con una diferencia de sólo 0.03 puntos con septiembre de 2002, la percepción sobre la honestidad del Gobierno fue de 0.70, mientras que en el mismo rango del 0 al 5 la ciudadanía percibía al Gobierno como capaz para resolver los problemas del país en un valor mínimo de 0.40. Por último, el componente respecto a la creencia de que el Gobierno se preocupaba por el interés general obtuvo su valor mínimo de 0.26 puntos.
Gráfico 1.2 Evaluación Mensual de los Componentes del ICG: 2001-2009
En diciembre de 2001, la evaluación general del Gobierno sufrió una variación del -105% con respecto al mes anterior hacia un valor de 0.039. En menor medida, la percepción sobre la preocupación general del Gobierno disminuyó en un 25% hacia un valor de 0.131 y la apreciación sobre su eficiencia cayó en un 40% hasta llegar a 0.072. Además, la percepción sobre su honestidad y capacidad de resolución disminuyó en un 35% y 31% correspondientemente, hacia valores de 0.292 y 0.223. Por ende, el valor que cayó en mayor medida desde noviembre a diciembre de 2001 fue la Evaluación General del Gobierno.
En contraste a los valores totales del ICG, todos sus componentes aumentaron en su mayor medida entre junio y agosto de 2003, cuando el ICG había aumentado exponencialmente pero no había alcanzado su punto más alto hasta febrero de 2004. No obstante, de igual modo podemos analizar una variación positiva de todos los componentes durante la gestión de Néstor Kirchner, mientras que los valores mínimos de todos los componentes tras 2001-2003 pueden encontrarse tanto en 2009 como en 2023.
Así, es necesario comparar los componentes del ICG durante diciembre de 2009 y abril de 2023 para analizar en qué medida estos últimos son los mínimos desde la crisis de representación entre 2001 y 2003. De este modo, mientras que el ICG total durante diciembre de 2009 es menor al obtenido en abril de 2023, en cuanto a sus componentes los valores obtenidos durante este último período son menores en dos de ellos: Evaluación general2 (0.63 vs 0.77 puntos) y Capacidad para resolver problemas (1.13 vs 1.34 puntos). Por otro lado, en cuanto a Honestidad (1.69 vs 1.62 puntos), Eficiencia (0.85 vs 0.74 puntos) y Preocupación por el interés general (1.06 vs 0.76 puntos) los valores obtenidos en abril de 2023 superan a los de diciembre de 2009, y en el caso de la Preocupación por el Interés General, también a aquellos obtenidos hasta abril de 2010 (1.04 puntos).
Además, es interesante comparar los valores actuales de los componentes con los calculados durante marzo de 2020 y la evolución de este último al contrastarlo con el mes anterior. Como podemos vislumbrar en el Gráfico 1.3, el componente que experimentó el mayor aumento en marzo de 2020 fue la Evaluación general del gobierno (3,48 puntos, +70,5% respecto de febrero), seguido por Preocupación por el interés general (3,39 puntos, +58,4%), Eficiencia en la administración del gasto público (2,73 puntos, +53,1%), Capacidad para resolver problemas (3,92 puntos, +35,6%) y, por último, Honestidad de los funcionarios (2,91 puntos, +30,3%). Es fundamental remarcar que mientras la mayoría de los componentes obtuvieron sus valores más altos desde los primeros meses de la presidencia de Kirchner, en cuanto a la Honestidad, estos se ven superados por los obtenidos entre enero de 2016 y febrero de 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri, con excepciones en julio de 2017 y enero de 2018.
Gráfico 1.3: Evaluación Mensual de los Componentes del ICG: 2009-Presente
En contraste con la actualidad, la principal caída desde marzo de 2020 la sufrió la Evaluación general en un porcentaje del 452%, seguida por la Capacidad para resolver problemas en un 246%. Luego, la Eficacia disminuyó en un 221% y la Preocupación por el Interés General en un 219%. Por último, la Honestidad disminuyó en un 72%.
Finalmente, si comparamos los valores de los componentes en el valor mínimo total de septiembre de 2002 y el valor mínimo de la gestión de Fernández en abril de 2023, podemos vislumbrar como la Evaluación General de este último período es mayor en un 600% (0.63 vs 0.09), la Honestidad en un 141% (1.69 vs 0.70), la Eficacia en un 372% (0.85 vs 0.18), la Preocupación por el Interés General en un 307% (1.06 vs 0.26) y, por último, la Capacidad para Resolver Problemas en un 182% (1.13 vs 0.40). De este modo, en todos los componentes existe una vasta diferencia entre los valores durante la crisis de representación de 2001-2003 y la situación actual, aunque como hemos mencionado dos de dichos componentes poseen actualmente sus valores mínimos luego de 2003.
Las instituciones democráticas
- Los partidos políticos
Existen profundos análisis sobre el declive de los partidos políticos en las sociedades modernas y sus mutaciones hacia modalidades en las que la representación se pone en un segundo lugar para cooptar los recursos de los grupos de interés (Krowel, 2006). En Argentina, los procesos sociales, institucionales y electorales desencadenados tras la crisis de 2001 no llevaron a una renovación integral de la dirigencia política ni al colapso del sistema partidario, sino sólo a una reestructuración parcial de las dos principales fuerzas políticas (Torre, 2003), el PJ y la UCR, quien fue prácticamente pulverizada por una ola de desafección partidaria. Dicha reestructuración dio cuenta de la necesidad de sintonizarse con los vaivenes del electorado, ajustando sus discursos a los cambios en la opinión pública. Empero, mientras que Malamud y De Luca (2016) plantean que el peronismo ha exhibido una extraordinaria capacidad para hacerlo, Torre (2017) hace una pregunta fundamental para el análisis de este trabajo: ¿le llegó al peronismo su 2001?3
Gráfico 1.4: Evolución de la confianza en los partidos políticos (1995 – 2020)
En base a 1200 entrevistas, los datos provistos por el Latinobarómetro y plasmados en el Gráfico 1.4 dan cuenta de que el Índice de Confianza en los Partidos Políticos en el país alcanzó su punto más bajo en 2002, año en el que tan sólo un 4.7% de la población afirmó confiar “mucho” o “algo” en dichas instituciones, lo que representó una disminución del 159% con respecto a 2001. En sintonía con el ICG, en 2003 la confianza en los partidos casi se duplicó a un valor de 8.4%, aunque no alcanzó su valor más alto hasta 2013.
Luego de cierta estabilidad hasta 2016, podemos analizar una disminución escalonada del Índice hacia una confianza del 11% en 2020, el valor más bajo desde 2003. Es interesante destacar cómo en 2002 un 79.8% de los encuestados respondieron “ninguna” a la pregunta sobre cuánto confiaban en los partidos, mientras que en 2020 esta respuesta obtuvo un porcentaje del 60.5%. Por ende, no sólo hay una diferencia positiva de la confianza en 2022 de un 6.3% en comparación con 2003, sino que además hay un mayor porcentaje de encuestados que confían poco en los partidos en lugar de nada.
- El Congreso
Mustapic (2002) menciona como uno de los motivos de la crisis de representación de 2001 a la estructura del sistema partidario y sus restricciones al surgimiento de nuevas fuerzas capaces de reflejar los intereses de una sociedad cambiante. Por otro lado, en una democracia delegativa (O’Donnell, 2011), el Ejecutivo adquiere un carácter personalista en el cual el Congreso es un estorbo para su accionar o una mera escribanía para lograr sus intereses particulares.
Gráfico 1.5
En el momento de mayor conflictividad social, fue esta institución la que designó un presidente provisional por dos días hasta la elección de quien iba a completar el mandato hasta el 2003. No obstante,“no resultó extraño que el edificio del Congreso de la Nación y sus alrededores, sobre todo luego de la implementación del estado de sitio, fueran uno de los objetivos de repudio” (Yapur, 2021). Así, según los datos obtenidos por el Latinobarómetro y comprendidos en el Gráfico 1.5, el año de menor confianza en el Congreso fue 2002, con un total de 8.8% y luego 2003 con un total de 13.7%. Por su parte, la confianza en 2001 fue de 16.90%, el año del “voto bronca” en las elecciones legislativas de octubre. Empero, mientras que un 45.5% de los encuestados respondieron no tener ninguna confianza hacia el Congreso, en dichas elecciones hubo un 75.47% de presentismo, mientras que el voto en blanco fue del 14.14% y el nulo de 14.29%4, los mayores porcentajes en la historia del país.
En sintonía con los indicadores previamente vistos, el siguiente valor mínimo luego del período 2001- 2003 corresponde a 2020, con una confianza del 17.6%, una disminución del 45% con respecto de 2018 y una diferencia positiva de tan sólo el 4% con respecto a 2001, aunque del 100% en comparación con 2002. Así, en 2020, el porcentaje encuestado que respondió que su confianza hacia el Congreso era “ninguna” fue del 40.2%, mientras que en 2002 fue del 67.6%. En contraste con el ICG y el Índice de Confianza en los Partidos, el valor más alto de este indicador fue en 2011 con un total de 40.6%.
Como mencioné previamente, a pesar de que los datos del Latinobarómetro finalizan en 2020, a continuación complementaré la información mencionada con los datos provistos por la ESPOP. Sin embargo, es necesario realizar las salvedades necesarias, al tratarse este último de un indicador mensual en contraste con uno anual y con objetivos diferentes. Así, mientras que podemos definir la confianza como “la creencia en otros, que mediante sus acciones o inacciones contribuirán a mi/nuestro bienestar y también sobre su abstención de infligir daño sobre mí/nosotros” (Offe, 1999:47), la satisfacción se encuentra asociada a una sensación de bienestar por el cumplimiento de los deseos (Real Academia Española, 2022).
La ESPOP se realiza a un total de aproximadamente 1000 personas, con un error estándar de +/− 3.15 y un diseño similar al del Latinobarómetro, con categorías de “muy satisfecho”, “algo satisfecho”, “muy insatisfecho”, “algo satisfecho” y “no sabe”, y cuyos datos también son analizados en un margen del 0 al 100%. Además, la muestra es estratificada por región con cuotas de NSE y Edad.
Gráfico 1.6: Evaluación de la satisfacción hacia las fundamentales instituciones de la democracia 2016- Presente.
A pesar de no existir una correlación entre ambos conceptos5, en ambos casos podemos analizar tanto en el Gráfico 1.5 como en el Gráfico 1.6 una disminución progresiva de los valores de confianza hasta llegar a su punto mínimo desde 2003 en 2020 como de los valores de satisfacción hasta su punto mínimo en marzo de 2023 desde el origen de la ESPOP en 2016, y tras un aumento entre junio de 2019 y abril de 2020. Así, en los últimos datos disponibles, la satisfacción de la ciudadanía hacia el Senado fue de un 12% mientras que Diputados obtuvo un 10%.
Acorde al ICG que plasmó el segundo índice más alto de confianza en el Gobierno en abril de 2020, la satisfacción hacia Diputados obtuvo uno de sus punto más alto ese mismo mes con un 29% de satisfacción, mientras que Senadores obtuvo un 30%. Los valores más altos de ambos ocurrieron en octubre de 2017, con un 34% de satisfacción en ambos, mientras que el Latinobarómetro había calculado en dicho año un índice de confianza del 25.4%, el valor más bajo desde 2007 y menor también que el año posterior.
Por otro lado, desde el retorno de la democracia, las elecciones legislativas de noviembre de 2021 desarrolladas en un contexto de pandemia fueron las que menor participación tuvieron (67.78%), pero con un porcentaje menor de votos blancos (3%) o nulos (1.86%) que las de 2001. Así, en términos electorales, la concurrencia de votantes al acto electoral no es directamente proporcional al grado de descreimiento que existe sobre la funcionalidad de los partidos políticos (Kerz y Pomposo, 2006).
- El Presidente
El lenguaje político ha naturalizado una idea de “gobierno” restringida al Ejecutivo, desconociendo que también lo forman el Poder Legislativo y Judicial (Iazzetta, 2011). Pese a los intentos de atenuar su poder con la reforma de 1994, este continúa siendo unipersonal e incluso con un diseño más fuerte (Serrafero, 1999). Por ende, este carácter personalista puede explicar que los niveles de confianza vistos en el Gráfico 1.5 hacia el Presidente presentan los niveles más altos en comparación al Congreso, los Partidos Políticos y el Poder Judicial.
Tras las elecciones legislativas de 2001, Fernando de la Rúa se encontraba debilitado en la mitad de su mandato y con un margen de maniobra reducido, tanto frente a una oposición victoriosa como a sus propios legisladores indisciplinados y carentes de recursos e incentivos. Todo lo anterior desembocó en una incapacidad creciente para gobernar y en un debilitamiento general del sistema político con protestas generalizadas y violentas que lo terminarían forzando a renunciar. En este contexto, el Índice de Confianza en el Presidente del Latinobarómetro en 2001 fue del 25%, una reducción del 113.6% con respecto al año anterior. Lamentablemente, los datos de 2002 no se encuentran disponibles, pero podemos suponer que la confianza en el Presidente, al igual que las demás instituciones, habría llegado a su punto más bajo. Pese a que este indicador no fue calculado entre 2008-2012 y 2014-2019, los datos de 2020 indican un nivel de confianza del 29.2%, una diferencia positiva del 16% con respecto a 2002 y la menor después de dicho año.
En términos de satisfacción, los datos de la ESPOP indican una satisfacción anual promedio en 2020 del 31.8% pero con amplias variaciones intermensuales, siendo del 49% en abril y del 20% en diciembre. Por otro lado, la satisfacción anual promedio en 2021 fue del 15.4%, disminuyendo aún más en 2022 a un valor de 12.25%. Como podemos observar en el Gráfico 1.6, hasta marzo de 2021 el Poder Ejecutivo era la institución democrática con mayor índice de satisfacción de las cuatro analizadas, siendo la única que desde el origen de la ESPOP había alcanzado niveles mayores al 40%.
Al contrario de lo indicado por el ICG, el pico más alto se encuentra en noviembre de 2017 a mediados de la gestión de Mauricio Macri, mientras que el ascenso de Alberto Fernández también supuso un punto alto que luego cayó progresivamente hasta un valor actual del 11%, teniendo 1% más que Diputados y 1% más que Senadores. No obstante, a pesar de que un valor del 11% fue el mínimo registrado, dicho valor también se dio en marzo y junio de 2022.
Al igual que lo que podemos analizar en el Gráfico 1.5 con respecto al Latinobarómetro, los datos vislumbrados en el Gráfico 1.6 también dan cuenta de un mayor nivel de satisfacción hacia el Presidente hasta octubre de 2020. No obstante, pese al carácter fuertemente presidencialista del sistema político, desde noviembre de 2020 hasta la actualidad el orden de satisfacción ha variado según el mes entre las cuatro instituciones estudiadas, con una primacía del Poder Ejecutivo que en 2022 fue reemplazada por el Senado y en 2021 y marzo de 2023 por la Corte Suprema. No obstante, de igual forma el Poder Ejecutivo fue la institución que en más ocasiones tuvo un mayor índice de satisfacción.
- El Poder Judicial
Por último, la dependencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo o Legislativo ha sido ampliamente cuestionada en la literatura politológica del país, que inició un viraje hacia la forma en que este interviene y procesa conflictos políticos (Ansolabehere, 2005). En muchos países de la región, las encuestas indican que los niveles de confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia son preocupantemente bajos. En este contexto, Córdova y Selisgson (2010) plantean que en Argentina el apoyo a los tribunales constitucionales o supremos es de los más altos de Latinoamérica, donde solo alrededor de un tercio del público apoya la reducción del Poder Judicial.
Al enfocar el análisis en 2001-2003, podemos evaluar nuevamente en el Gráfico 1.5 cómo en 2002 la confianza hacia el Poder Judicial alcanzó su valor mínimo histórico, con un nivel de 8.6%, lo que entrá en consonancia con la evaluación de Ansolabehere (2005) sobre el modo en que la situación de crisis política en Argentina ubicó a la Corte como uno de los blancos de ataque. En contraste con la confianza en el Congreso y el Presidente, el siguiente valor más bajo no fue en 2003 (16.2%) sino directamente en 2020, con un índice del 16%, una diferencia positiva del 53.75% respecto a 2002. Así, mientras que en 2002 el porcentaje de los encuestados que respondieron “ninguna” fue de 65.4%, en 2020 aquel porcentaje disminuyó a un 43.7% .
En términos de satisfacción, el promedio anual obtenido en 2018 por la ESPOP fue de un 16%. Luego, en 2020, mientras la confianza medía un 16%, la satisfacción promedio anual fue del 18.2%. A diferencia de los demás indicadores de la ESPOP, marzo de 2023 no es el mes en el cual se demostró el menor valor de satisfacción en el Poder Judicial, con una satisfacción del 19%, siendo la institución con mayor satisfacción de las cuatro analizadas y con un aumento del 10% desde marzo de 2022. No obstante, su valor mínimo también fue durante la presidencia de Fernández en diciembre de 2021, con un 7% de satisfacción y siendo el menor valor total alcanzado en comparación también con las cuatro instituciones.
Reflexiones finales
Analizada a partir de indicadores de confianza, la crisis política, económica y social de 2001 hizo descender a todos los índices estudiados hacia sus valores más bajos en la historia del país. Encabezada por los Partidos Políticos con un 4.7% en 2002, el deterioro de la “impresión” de que los representantes son representativos de los intereses de los ciudadanos (Trigo, 2017) hizo descender la confianza en el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Congreso a valores menores al 10%.
De este modo, tanto los datos del ICG como del Latinobarómetro y la ESPOP dan cuenta de que actualmente nos encontramos en la peor crisis de representación desde 2001-2003, aunque los valores actuales distan de parecerse a aquellos de dicho período y con un menor porcentaje de “ninguna” confianza en el caso del Latinobarómetro. En cuanto a los datos obtenidos por la ESPOP, desde 2020 todas las instituciones se aproximaron o alcanzaron un 80% de insatisfacción, con un aumento de la satisfacción en el Poder Judicial en marzo de 2023 a un 19%.
Pese a que históricamente el Presidente ha sido la figura que más confianza y satisfacción ha sabido conseguir y mantener, dicha posición ha sido puesta en debate según los datos de la ESPOP hacia otras instituciones democráticas que, de igual forma, se encuentran en una tendencia decreciente. En dicho contexto, es clave remarcar la necesidad de los partidos políticos en las sociedades contemporáneas como las únicas instancias organizacionales válidas para mediatizar el vínculo entre representante y representado (Kerz y Pomposo, 2006).
Si tomamos como referencia los hechos de diciembre de 2001 que ocasionaron la renuncia del Presidente de la Rúa, las soluciones que la ciudadanía exigía a la democracia estaban contenidas dentro de ella y no fuera de sus límites. La opinión pública demandaba un mayor rol interventor del estado con fines regulatorios y redistributivos (Iazzetta, 2011) y las expresiones ciudadanas por fuera de los canales convencionales de intermediación política coincidieron con una ratificación del aprecio por el sistema democrático (Mustapic, 2002).
No obstante, la participación ciudadana en las nuevas generaciones tiende a canalizarse por medios no convencionales bajo un acelerado crecimiento de la tecnología móvil, la penetración de Internet y el uso intensivo de redes sociales, por fuera de los partidos políticos aunque con nuevos mecanismos de vigilancia del funcionamiento institucional y de circulación de la información (Carballo, 2016). Para Abal Medina (2004), la opinión pública es ahora el nuevo sujeto a representar, no simplemente como contrapoder sino como principal fuente de legitimación política: “se trata entonces de inaugurar la representación postsocial, encontrando herramientas institucionales que la fortalezcan” (pág 114), para reconstrucción la legitimidad de la representación.
El ciudadano alejado de los partidos está ahora a la búsqueda de líderes políticos sin la mediación de las estructuras partidarias (Mora y Araujo, 2011), y bajo esta línea, los miembros de los partidos políticos, los políticos profesionales denominados de manera peyorativa como clase o casta (Ramírez Nárdiz, 2014), son acusados de buscar su enriquecimiento personal en contra del bien común. En este contexto, resurgen ideologías que pretenden reducir el rol del Estado y sus instituciones, líderes outsiders personalistas y populistas que generan nuevos vínculos de identificación y consenso en la sociedad a partir de su figura mediática que se muestra más capaz que los viejos políticos para resolver los problemas del país (Novaro, 1995). La solución implica establecer estructuras institucionales que permitan a los ciudadanos conocer y supervisar a sus líderes políticos, mediante la promoción de la participación activa a través de métodos como referéndums, plebiscitos, consejos ciudadanos, entre otros, en los cuales prevalezca un enfoque deliberativo.
- Su punto máximo hasta la fecha se dió en febrero de 2004, a los nueve meses de comenzado el mandato de Néstor Kirchner, con un valor total de 3.32.
- El puntaje obtenido en abril de 2023 en el componente Evaluación General del Gobierno (0.63 puntos) es el más bajo desde diciembre de 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde (0,56 puntos). Pese a que el ICG total aumentó un 5.8% en mayo, la Evaluación General se mantuvo en el mismo valor.
- Torre examina un traspaso de una vieja política peronista orientada a «el proyecto y la nación» hacia otra con una retórica de «la gestión y de la gente», una pérdida de representación hacia la columna vertebral del peronismo que entra en sintonía con la necesidad de “volver a enamorar a la sociedad” pronunciada por CFK en mayo de 2023. No obstante, la capacidad de comprender en qué medida esta nueva política afectó al Frente de Todos en tanto partido gobernante o a los partidos políticos en general se encuentra limitada por la escasez de indicadores disponibles.
- Datos obtenidos de https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/resultadosyestadisticas/2001
- Podemos analizar en el Gráfico 1.6 que el promedio del Índice de satisfacción tanto en Diputados como Senadores en 2018 fue de 18.4% mientras que el Índice de confianza en el Congreso fue del 25.6%. Por otro lado, mientras que en 2020 el Latinobarómetro calculó un 17.6% de confianza, el promedio de satisfacción anual según la ESPOP fue de 23.8% tanto en Diputados como en Senadores.
Bibliografía
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Ansolabehere, K. (2005). Jueces, política y derecho: particularidades y alcances de la politización de la justicia. Isonomía no.22 México abr. 2005
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