Movimientos sociales en tiempos de cambio: las disputas del movimiento feminista en Uruguay

Resumen

    El movimiento feminista en Uruguay, entendido como el conjunto de los movimientos feministas existentes en el país, se construyó sobre la base de antecedentes históricos relevantes, tales como las oleadas inmigratorias, la expansión de las economías exportadoras y la urbanización, que marcaron la construcción histórica de las identidades de género. A partir de allí, ha evolucionado y crecido atravesando procesos democráticos y autoritarios de los cuales se ha retroalimentado. La visibilización creciente del feminismo está asociada con avances en materia legislativa y de consagración de derechos tales como las cuotas o la legalización del aborto, entre otras conquistas que integran la “nueva agenda de derechos” (NAD). A esta agenda prestamos especial atención en este artículo. A través de su lucha por la igualdad de género, exponemos cómo el movimiento feminista se enfrenta a los desafíos planteados por las nuevas organizaciones de derecha. Es fundamental que el país no retroceda a una igualdad ficticia, y garantice efectivamente el cumplimiento de derechos.

Introducción

    El movimiento feminista ha desempeñado un papel fundamental en la lucha por la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos de las mujeres y disidencias en Uruguay. A lo largo de los años, este movimiento ha evolucionado y se ha consolidado, impulsado por una serie de antecedentes históricos y marcado por importantes procesos de cambio en América Latina durante comienzos del siglo XX y XXI. Sin embargo, el surgimiento de las derechas políticas y la irrupción de la pandemia de COVID-19 le han planteado nuevos desafíos.
Desde la obtención del derecho al voto para las mujeres hasta las luchas por la igualdad de derechos durante la dictadura militar (1973-1985), el movimiento feminista ha enfrentado diversas adversidades y ha trabajado incansablemente para promover la igualdad de género en todas las esferas de la sociedad. Además, en el contexto de América Latina, se han producido procesos de reformas estructurales que han impulsado la agenda de género en la región. Sin embargo, el surgimiento de las derechas ha planteado nuevos retos para el movimiento feminista.
En este artículo, se examinará el movimiento feminista en Uruguay, tomando en cuenta sus antecedentes históricos, el proceso de reformas estructurales en América Latina, los procesos de cambio de comienzos del siglo XXI, y el impacto de los acontecimientos contemporáneos. Es fundamental analizar cómo los cambios han influido en el movimiento feminista uruguayo y en qué medida se han traducido en avances concretos para las mujeres y disidencias. Se busca comprender cómo el movimiento ha abordado los diferentes desafíos y cómo ha continuado su lucha por la igualdad de género en un contexto cambiante y complejo.

   El movimiento feminista en la República Oriental del Uruguay  ha experimentado un notable crecimiento y consolidación en los últimos años. Sin embargo, su lucha por la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos de las mujeres tiene sus raíces en décadas pasadas, marcadas por importantes antecedentes históricos. En primer lugar, podemos identificar que las oleadas inmigratorias desencadenaron un intenso proceso de urbanización que se caracterizó por el progresivo desarrollo de servicios públicos de mayor calidad, una mejora en los sistemas educativos y un aumento en la cantidad de profesionales que conformaron una creciente clase media. Esta clase social adquirió una importancia cada vez mayor en la sociedad que se trasladó al ámbito político. Se tomó la precaución de anticipar y promover una sólida inversión en educación pública para asimilar a esta gran afluencia de población, que hablaba diferentes idiomas y dialectos, y que traía consigo diversas tradiciones y raíces de distintas partes de Europa. En comparación con otros países que también recibieron grandes oleadas de inmigrantes, la educación pública en Uruguay desempeñó un papel homogeneizador, diluyendo las identidades de origen y promoviendo la fusión y asimilación con menores dificultades. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta la expansión generalizada de las economías exportadoras que se había dado durante los últimos 30 años del siglo XIX. El crecimiento acelerado de las ciudades las convirtió en centros políticos y económicos de una intensa actividad ligada al mercado mundial. En el caso de Uruguay, una parte significativa de los sectores medios que integraban esas ciudades estaba conformada por los hijos de aquellos que habían llegado en la generación anterior (Toer, 2006). En este contexto, la emergencia de nuevas culturas políticas puso en cuestión la situación de sujeción a las que estaban sometidas las mujeres. Los planteos vinculados a la emancipación de la mujer, y su correspondiente activismo, transitaron, hasta mediados de la década de 1910, por los canales que habilitaron estas culturas políticas y sus ideologías.

El comienzo de la Primera Guerra Mundial marcó un momento crucial para las mujeres en Occidente. Particularmente en Uruguay, el contacto de algunas mujeres, en su mayoría universitarias de clase media, con sus contrapartes europeas, generó la formación de asociaciones femeninas autodefinidas como feministas. A partir de entonces, surgieron diversos movimientos feministas en el país, principalmente de ideología liberal, que priorizaron la reivindicación de los derechos políticos, considerando el sufragio como el medio necesario para dar visibilidad a los problemas de las mujeres en el ámbito legislativo (Cuadro Cawen, 2016).

Queda expuesto que durante el siglo XX, Uruguay experimentó una serie de transformaciones que propiciaron el progreso hacia la consolidación de su sistema democrático. Este proceso de cambio fue impulsado tanto por las políticas implementadas por José Batlle y Ordoñez, quién ocupó la presidencia en dos oportunidades entre 1903 y 1907, y desde 1911 hasta 1916, como también por la influencia de la inmigración. Durante ese período, se produjo una significativa llegada de inmigrantes europeos al país, hombres y mujeres con diversas experiencias políticas, culturales e ideológicas, que ejercieron un impacto en la configuración política de la nación y, principalmente, fue muy notoria la huella que dejó la presencia de inmigrantes en la construcción histórica de las identidades de género.
Los sectores medios alentaron además un período de reformas que tuvo un importante despliegue con el liderazgo precursor del presidente mencionado. En las primeras décadas del siglo XX se aprueban bajo su mandato un conjunto muy importante de leyes en el marco de las políticas de ampliación de “derechos sociales” tendientes a mejorar la situación de la mujer, entre ellas la Ley del Divorcio (1907), la Ley de Licencia por Maternidad a las Maestras (1911) y la Ley de Descanso Semanal Obligatorio que incluía al servicio doméstico (1920). Si bien el batllismo supuso un proceso inclusivo e igualitario sin precedentes en América Latina, en su formación se encuentran los inicios de una tradición liberal-igualitaria que impidió reconocer y abordar las diferencias, lo que generó dificultades para visibilizar las prácticas discriminatorias. Según Holsman y Paikin (2009) existía una negación histórica que invisibilizaba la discriminación hacia grupos sociales significativos como las mujeres, tanto por parte de la sociedad como del estado uruguayo. Si la identidad nacional se basa en la igualdad, admitir la existencia de discriminación implica reconocer que amplios sectores de la población no disfrutan plenamente de sus derechos, lo cual genera una contradicción fundamental. Aquí radica la naturaleza contradictoria del Uruguay batllista: todo proceso de inclusión implica inevitablemente una exclusión.

A partir de la década de los años ‘70, se produjeron cambios significativos en la situación descrita. La crisis económica internacional a partir de 1973 y la llegada del gobierno militar al país en ese mismo año provocaron un lento deterioro del modelo igualitario. Esta tendencia declinante se acentuó durante la crisis de los años ‘80 y finalmente estalló a principios del nuevo siglo debido a la inestabilidad política y económica en la región. Paralelamente al detrimento económico y social, el sistema de partidos políticos tradicionales también experimentó un declive, lo que dio lugar al surgimiento de un nuevo espacio político conocido como el Frente Amplio, el cual convocó especialmente al movimiento de mujeres, que había sido invisibilizado durante el período batllista. En este contexto de cambio de época, el Frente Amplio se convirtió en el portavoz de las diversas formas en que se manifestaba la desigualdad en Uruguay. La historia de invisibilización de las mujeres se convirtió en un elemento legitimador de la propuesta del Frente Amplio (Holsman y Paikin, 2009). A su vez, surgió la búsqueda de canales alternativos de participación. Es así como a principios de los años ‘80 presenciamos la aparición de grupos y movimientos sociales que, en oposición al Estado, se caracterizaban por reivindicaciones estrechamente vinculadas a los problemas de calidad de vida de la población. En este contexto autoritario, surgieron agrupaciones y movimientos de naturaleza exclusivamente de género junto a la consolidación de una variedad de organizaciones en las que la participación de las mujeres era mayoritaria. Asimismo, durante la dictadura muchas mujeres fueron víctimas de violencia de género y represión, lo que generó una respuesta organizada por parte del movimiento feminista para denunciar y resistir estas violaciones a los derechos humanos. También, muchas de las feministas uruguayas de izquierda fueron exiliadas políticas que conocieron los reclamos feministas en el hemisferio norte y trajeron sus críticas a la región (Cortés Quiñones, 2018). Fue entonces a partir de la década del ‘80 que el tema de la participación política de las mujeres adquirió una relevancia específica. La aparición de organizaciones de mujeres durante el proceso de redemocratización comenzó a cuestionar la visión “igualitarista” profundamente arraigada en la sociedad uruguaya (Moreira, 1994). Las nuevas organizaciones también representan una respuesta a lo que se percibe como una igualdad formal establecida por la legislación de décadas anteriores. La percepción de que persisten desigualdades reales en términos de los derechos civiles y políticos ejercidos efectivamente por las mujeres revitalizó las demandas de género planteadas en el pasado. Además, Constanza Moreira (1994) argumenta que con las leyes sobre los derechos civiles y políticos de las mujeres de los años 1932^[1] y 1946^[2], la mayoría de los movimientos feministas que se centraban en estas luchas se desarmaron o, en última instancia, perdieron su propósito.

Un protagonista de este clima de época fueron las reformas estructurales, así como lo habían sido las políticas de sustitución de importaciones y de promoción del crecimiento por medio de la acción estatal en los años treinta y cuarenta. En la década de los ‘80, se implementaron políticas neoliberales en los países industrializados para frenar la inflación, pero a costa de una disminución del dinamismo económico y un aumento del desempleo. En este contexto se introducen las reformas estructurales, cuya política de transformación se enfocó en crear condiciones para la acumulación privada y fortalecer la competitividad internacional. Al respecto, el autor Torre (1998) destaca factores contextuales internos de carácter político, los cuales están relacionados con la influencia que ejercen las ideas, las fuerzas socio-políticas y las instituciones en la implementación de las políticas públicas para responder a la crisis, destacando el papel central que desempeñan las élites gubernamentales en el proceso de decisión sobre las reformas introducidas:

El proceso de reformas es siempre una batalla política por llevar a la práctica ciertos objetivos. Por lo tanto, no consiste sólo en la adhesión de determinado conjunto de políticas sino que también incluye la tarea de movilizar los apoyos sociales y capacidades institucionales para implementar dichas políticas y neutralizar a quienes se oponen a ellas. (Torre, 1998)

   El proceso autoritario en Uruguay fue impulsado por la voluntad conservadora de frenar las intensas movilizaciones populares que exigían reformas estructurales en el modelo hegemónico. El proceso de radicalización social y político que ocurrió antes del golpe reflejaba las limitaciones del modelo de desarrollo económico y político vigente. La violencia estuvo estrechamente relacionada con la influencia de los movimientos sociales, particularmente de sus organizaciones sindicales y partidistas (García, 2008). Durante la década de los ‘90, es importante destacar la participación de las mujeres a nivel de los órganos consultivos amplios, como asambleas y plenarios, en el movimiento sindical, incorporándose a una estructura clásica del ámbito político en la cual lograron institucionalizar su lucha en primer término con la creación en 1987 de la Comisión de Mujeres a nivel del movimiento sindical, y a partir de allí con la multiplicación de las Comisiones de las Mujeres en los distintos gremios (Moreira, 1994).

En esta década, como respuesta a la crisis del modelo neoliberal, se da el surgimiento de las izquierdas. Siguiendo esta línea, Laclau (2006) afirma que, con la aplicación ortodoxa de las recetas económicas del neoliberalismo, la acumulación de demandas insatisfechas se multiplicó dando lugar a la multiplicación de movimientos de protesta social. De esto se desprende que para ser estable, un sistema político debe lograr un equilibrio entre las lógicas equivalenciales (la movilización autónoma de las masas) y las lógicas diferenciales (la absorción institucional de las demandas). Con el cambio de siglo, hemos presenciado un acercamiento a ese equilibrio de la mano de procesos políticos de disputa hegemónica, a partir del denominado “giro a la izquierda”, que cuestiona lo que se conoce como el “Consenso de Washington”. Esto se evidencia con la victoria electoral de Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay, que se suman a la marcada tendencia regional de propuestas alternativas.

En octubre de 2004 la historia política uruguaya entró en una nueva etapa cuando el Frente Amplio ganó las elecciones presidenciales por primera vez y obtuvo mayoría parlamentaria. Este triunfo modificó la estructura de oportunidad política del país por tratarse de un partido político de izquierda tradicional, aliado de los movimientos sociales en las distintas campañas de protesta contra los gobiernos que se sucedieron entre 1985 y 2014. La llegada al gobierno por primera vez de un partido de izquierda inició un ciclo de tres gobiernos progresistas (2005-2020). Anteriormente, como oposición desde la transición democrática de 1985, este partido había desarrollado, como hemos visto, fuertes lazos con los distintos movimientos sociales para contrarrestar diversas iniciativas de los sucesivos gobiernos de los partidos tradicionales, sobre todo a la agenda neoliberal de la década de los ‘90. Con la asunción de Tabaré Vázquez como presidente, el gobierno impulsó un ambicioso paquete de innovaciones, entre las que se destacan, durante el último año del primer gobierno frenteamplista, la aprobación de la Ley de Cuotas de Género (Ley 18.476).  La misma fue aprobada en mayo de 2009 y establece, por primera vez en la historia electoral uruguaya, un mecanismo que obliga a tomar en cuenta el género de los candidatos, según la cual todos los que se presenten para competir en las diferentes etapas del proceso electoral, ya sea nacional, departamental o local, deberían ser personas de ambos sexos, con un mínimo de un tercio de candidatos correspondientes al sexo que lleve menor número de estos. Pero el proyecto, tal como había sido presentado, no tenía suficiente apoyo, pese a la acción de las organizaciones feministas y principalmente de la Bancada Bicameral Femenina^[3]. Aunque sí se consiguió, al cabo de muchos años, como hemos visto, poner en evidencia la existencia de serios obstáculos a la participación de la mujer en política en Uruguay y persuadir a una parte de la cúpula de los partidos respecto a la necesidad de incorporar mecanismos de acción afirmativa. Finalmente, en mayo de 2008 el Senado aprobó un proyecto distinto que fue ratificado luego por la Cámara de Diputados: la cuota regiría para las elecciones internas de los partidos políticos y para la elección de sus órganos ejecutivos a partir de 2009 sin límite de tiempo, y recién regiría para el ciclo electoral 2014-2015 para los cargos nacionales y departamentales (Garcé, 2009). La ley, a pesar de sus limitaciones, marca un precedente en la consagración de la lucha de género, fomentando la participación política femenina y garantizando una representación más equitativa en el ámbito público.

Cabe destacar que Tabaré Vázquez terminó el año 2008 políticamente debilitado. En noviembre recibió un golpe muy duro  proveniente de su propio partido: en el parlamento, la bancada frenteamplista aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Mientras Vázquez, cumpliendo con su compromiso asumido públicamente antes de acceder a la presidencia, vetó los artículos de la ley que despenalizaban el aborto. (Garcé, 2009)
Como hemos examinado a lo largo de este artículo, las variables políticas adquieren especial interés en el estudio del caso uruguayo debido a su histórica matriz centrada en el Estado y en los partidos políticos. A pesar de que durante el período de la dictadura (1973-1985) los movimientos sociales adquirieron cierta preponderancia debido a la proscripción de los partidos, una vez recuperada la democracia los partidos volvieron a ocupar el centro de la escena. Esto no significa que los movimientos sociales no hayan desempeñado un rol importante en el devenir político del país. Sin embargo, y a diferencia de lo sucedido en otros países de la región, gran parte de las campañas de los movimientos sociales uruguayos se canalizaron a través del uso intenso de mecanismos de democracia directa. Desde 1985 hasta 2005 se estableció una dinámica de intermediación sociopolítica en la cual distintos movimientos sociales, incluyendo el movimiento de mujeres, colaboraron con el Frente Amplio para oponerse a la agenda neoliberal impulsada por los sucesivos gobiernos del país.

Los años de gobierno frenteamplista abrieron nuevos canales de comunicación para los movimientos sociales que resultaron en la implementación de diversas políticas públicas y reformas legislativas que retomaron distintas demandas sociales como la reinstauración de la negociación colectiva, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un mayor presupuesto para la educación, acciones afirmativas para la población afrodescendiente y transgénero, el matrimonio igualitario, y avances en la lucha contra la impunidad de la violación de derechos humanos durante la dictadura. A diferencia de lo ocurrido en muchos países de la región, donde el giro a la izquierda generó tensiones fuertes entre la izquierda política y social que se habían forjado en oposición a las reformas neoliberales de los noventa, en Uruguay se mantuvo una alianza estable durante los quince años.

En algunos casos, la estrecha relación entre los movimientos y el Frente Amplio se tradujo en dinámicas propias del activismo burocrático, al crearse espacios institucionales en el Estado donde distintos activistas se incorporaron. La relación con el movimiento feminista tuvo un carácter multidimensional que implicó, entre otras cosas, la inserción en espacios institucionales. El feminismo combinó el uso de vínculos de cercanía con actores del Frente Amplio con la movilización en las calles para promover agendas que no eran de prioritarias para el gobierno, pero que resonaban en el apoyo electoral de la coalición frenteamplista (Bidegain et al. 2021).
Podemos afirmar que Uruguay se destaca en la región por contar con un sólido marco institucional y normativo en materia de género. En este sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), creado en el año 2005, ha sido fundamental en la promoción de políticas de igualdad de género y ha contado con el respaldo económico del Estado para llevar a cabo estas iniciativas. Además, el primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, implementado entre 2007 y 2011, ha logrado integrar el enfoque de género en todas las esferas del Estado. A lo largo de la década del 2000, se han logrado diversos avances legislativos: la Ley de Trabajo Doméstico (2006), Ley de Unión Concubinaria (2008), Ley de Salud Sexual y Reproductiva (2008), Ley de Acoso Sexual (2009), Ley de Identidad de Género (2009), Ley de Licencias Parentales (2013), Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia basada en Género (2017) y más recientemente la Ley Integral Trans (2018) (Torres Santana, 2019).

En numerosos países de América Latina, la combinación de la participación masiva de la población en movimientos sociales y el persistente fracaso del neoliberalismo en garantizar el bienestar tanto a nivel individual como colectivo, impulsó el surgimiento de lo que se conoce como la “marea rosa”^[4]. Durante aproximadamente el período que abarca desde principios de la década del 2000 hasta alrededor de 2015, América Latina experimentó un cambio significativo en su orientación política: se alejó del programa neoliberal promovido por el Consenso de Washington y abrazó esta “marea rosa”, también conocida como “Consenso de los commodities”. En este contexto de la marea rosa, se introdujo una “nueva agenda de derechos” (NAD) con énfasis en derechos sexuales y reproductivos a partir de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2012).

      Desde el 2015 en adelante, el escenario político latinoamericano se puede analizar como parte de un proceso de disputa hegemónica, donde hay un punto de inflexión en el ciclo político debido a la persistencia de las consecuencias de la crisis económica de 2008-2009 en EEUU que afecta a los países emergentes, la avanzada del libre comercio, el surgimiento de nuevas fuerzas de derecha en la región, que ahora tienden a unificarse a través de coaliciones y los efectos de la reciente crisis por la pandemia en 2020. Para Montero y Collizzolli (2016), la articulación de la derecha se basa en una nueva retórica que busca neutralizar la política y promover un cambio cultural. Su discurso polariza a través de condenar la polarización, politiza mediante la crítica a la politización y busca ideologizar al pretender clausurar el debate ideológico en favor de la gestión.

Llegados a este punto del análisis, es de vital importancia detenernos en la reacción ante la NAD. Uno de los acontecimientos sucedidos en los últimos años que requiere especial atención es el surgimiento de movimientos que comparten demandas con los partidos de derecha, con agendas claramente opuestas a las políticas del Frente Amplio en temas diversos. Entre estas expresiones de conflictividad se destaca la acción colectiva de distintos grupos conservadores, que buscaron oponerse a los avances de la NAD.  Las demandas fueron inicialmente canalizadas por grupos anti-aborto religiosos, que luego evolucionaron hacia concentraciones más amplias que abogaban por “los valores”, en contra de las reformas frenteamplistas, como el Matrimonio Igualitario o la legislación orientada a reconocer derechos de las personas trans. Estos movimientos de derecha emergentes en la región se enfrentan directamente al movimiento feminista, ya que expresan abiertamente que consideran al género como un elemento ideologizante al que hay que combatir. El objetivo central de los grupos antiderechos es promover una agenda política neoconservadora que incluya sectores católicos, evangélicos y facciones políticas de extrema derecha, centrando su lucha contra una inventada ideología de género, retórica utilizada para deslegitimar a los movimientos feministas y de diversidad sexual. Sería excepcional que en Uruguay estas posturas se basen únicamente en fundamentos religiosos, ya que es un clivaje que históricamente no ha logrado trascender. Sin embargo, no significa que la religión no haya intervenido en contra de estas cuestiones, pese a que Uruguay sea un Estado secular desde el siglo XX. (Bidegain et al. 2021). Estos grupos anti derechos se vinculan con los sectores más conservadores de los partidos tradicionales, pero también han llegado a otros de más reciente creación, como el nacional-militarista Cabildo Abierto, que en su programa de gobierno hace mención directa a la ideología de género (Torres Santana, 2019). En términos no institucionales, los grupos anti-derechos aprovechan sus redes transnacionales para obtener e intercambiar recursos materiales, económicos, discursivos e informativos (Bidegain et al. 2021). Un ejemplo de ello es el de la organización evangélica Capitol Ministries, cuya base de operaciones estaba dentro de la Casa Blanca bajo el gobierno de Donald Trump. Su objetivo consistía en asegurar discípulos de Jesucristo en la arena política, y para ello se fue desplegando en países de América Latina, como Uruguay (Torres Santana, 2019).

Podemos concluir que la emergencia y continuidad de los procesos de cambio a comienzos del siglo XXI en Uruguay han contribuido a fortalecer el movimiento feminista. La apertura y el diálogo en torno a temas de género se han convertido en una prioridad en la agenda política, y se han implementado políticas públicas orientadas a combatir la violencia de género, promover la igualdad y garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, la irrupción de la pandemia de COVID-19 y los cambios políticos ocurridos durante ese período han presentado nuevos desafíos para el movimiento feminista. La crisis sanitaria y las medidas de confinamiento han aumentado la violencia doméstica y las desigualdades de género, lo que ha requerido respuestas rápidas y eficaces por parte de las organizaciones feministas. Además, en el contexto político, Uruguay ha experimentado cambios en la composición del gobierno y en las políticas públicas. Estos cambios pueden afectar el enfoque y la prioridad otorgada a los temas de género. Es fundamental que el movimiento feminista se mantenga vigilante y activo, exigiendo la continuidad de los avances logrados y la implementación de medidas efectivas para abordar las desigualdades de género en todas las esferas de la sociedad.

1. Ley N° 8.927: Reconoce el derecho al voto activo y pasivo tanto en elecciones nacionales como municipales.

2. Ley N° 10.783: consagra la igualdad de derechos civiles entre el hombre y la mujer.
3. Creada en el año 2000 a partir de la alianza entre legisladoras de los diversos partidos políticos con representación parlamentaria para trascender las fronteras partidarias en pos de objetivos de género.

4. La “marea rosa” ha sido el nombre dado al periodo donde predominaron gobiernos del espectro de las izquierdas en América Latina.

Bibliografía

• Bidegain, G; Freigedo, M; Casulo Puntigliano, D. (2021). Nuevas conflictividades y vínculos entre movimientos sociales, partidos políticos y gobierno en el Uruguay progresista (2005-2020).
• Cortés Quiñones, M. I. (2018). ¿Qué 8 de marzo? El género del Uruguay en disputa: entre los discursos feministas y sus otros
• Cuadro Cawen, I.(2016). Feminismos, culturas políticas e identidades de género en Uruguay (1906-1932). Sevilla.
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• Torres Santana, A. (2019). De la marea rosa a la marea conservadora y autoritaria en América Latina: desafíos feministas.