(In)efectividad del imperio de la ley en México

Por Diego Martín Isoardi

Resumen

La presencia de poderes arbitrarios, tanto desde las esferas estatales como así también de actores privatizados, representa un obstáculo para el desarrollo y penetración de las instituciones estatales a lo largo del territorio. Dichos actores respetan los derechos participativos y democráticos de una poliarquía, pero niegan el componente liberal de la democracia. Las instituciones, que deberían regular las expectativas y comportamientos de la ciudadanía, se convierten en un obstáculo para estos poderes arbitrarios, los cuales atentan contra la legalidad efectiva del Estado.

El objetivo de este trabajo es ahondar sobre las consecuencias negativas que tuvo la militarización de la lucha contra el narcotráfico durante los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012)  y Enrique Peña Nieto (2012-2018), más específicamente cómo se desenvolvieron las relaciones entre los distintos poderes arbitrarios para con la ciudadanía, que profundizaron la inefectividad del Estado en tanto ley. En ese sentido, se sostiene que las dificultades a las que se enfrentaba el Estado mexicano a la hora de aplicar su dimensión legal, producto de la existencia de poderes privatizados, se vieron agravadas y profundizadas por la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”. De esta forma, la “ilegalidad pura y simple” se extendió a los mismos representantes del Estado, y ello dificultó la aplicación de los derechos políticos a lo largo del territorio mexicano. En ese sentido, las políticas implementadas fomentaron una ciudadanía de baja intensidad que, mediante la falta de accountability y efectividad de la ley, dieron como resultado una erosión de la calidad democrática.

Palabras clave: México, poder arbitrario, imperio de la ley, inefectividad, derechos políticos.

Introducción

A la vez que el siglo XX finalizaba, México se encontraba atravesando un proceso de democratización a lo largo del territorio. Recién a partir de las elecciones de 1997 se considera que dicho país cumplía con las características que indica la definición de Dahl(1989) sobre una democracia o “poliarquía”. La competencia electoral y la alternancia electoral pacífica eran señales de un nuevo comienzo, tras más de medio siglo caracterizado por un régimen de partido dominante, con tintes autoritarios. Sin embargo, pronto las instituciones democráticas tuvieron que enfrentar grandes desafíos.

La victoria de Felipe Calderón, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), en las elecciones presidenciales de 2006 estuvo marcada por grandes irregularidades. Tras ser declarado ganador por solo 0,56% de diferencia mediante un dictamen del Tribunal Federal Electoral, Andrés Manuel López Obrador y su partido se movilizaron y acusaron de fraude y otras maniobras fraudulentas tanto a Calderón como al entonces presidente, Vicente Fox Quesada. En este contexto, Felipe Calderón inició su gestión presidencial con niveles muy bajos de apoyo y legitimidad

En lo que se puede juzgar como una iniciativa para cumplir con sus iniciales promesas de campaña, o también en un intento de ganar apoyos y demostrar su fortaleza, dió comienzo a la “Guerra contra el Narcotráfico”. Esta política implicaba la militarización de la seguridad pública, es decir, “la participación de tropas militares en tareas y misiones tradicionalmente realizadas por fuerzas policiales” (Zepeda, Rosen & Rodrigues, 2020), actividades para las cuales no están preparadas por las tareas que desempeñan habitualmente(O’Neil, 2009; Moloeznik, 2009). Si bien no fue una iniciativa novedosa, la misma abrió una fase más intensa en la lucha contra el narcotráfico en México. 

A partir del involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el tráfico de drogas, se registraron más de 120.000 homicidios intencionales durante el sexenio de Felipe Calderón. En este sentido, México tuvo picos de violencia no comparables a otros países que al mismo tiempo enfrentaron escaladas de violencia, como Egipto, Honduras o Panamá(Oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen, 2014). Para destacar el impacto de dicha medida, además, México rompió su tendencia histórica a la baja de la tasa de homicidios intencionales.

 

Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en México (Serie anual 1990-2017).
Figura 1. Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en México (Serie anual 1990-2017).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

 

En el año 2012, con la asunción de Enrique Peña Nieto, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), la estrategia no se modificó, a pesar de pertenecer a un partido político diferente. Antes bien, buscó implementar una agenda de gobierno que priorizaba la implementación de distintas reformas (tanto de carácter judicial como económico) y, con ello, correr el foco de esta acuciante problemática. Mientras que la cantidad de homicidios intencionales cometidos a lo largo de su presidencia iba camino a superar la del sexenio anterior, Peña Nieto no dió señales de buscar enfrentar el narcotráfico desde otro ángulo.

Tentativamente, y en línea con lo desarrollado anteriormente, se plantea que el accionar estatal erosionó la calidad democrática de dicho país, mediante la implementación de la “Guerra contra el Narcotráfico”. Como consecuencia de dicha política, el Estado mexicano vio agravadas las dificultades que enfrentaba a la hora de aplicar el imperio de la ley a lo largo de su territorio, dando lugar a una ciudadanía de baja intensidad en grandes extensiones del territorio. 

La primera sección tiene como fin contextualizar el surgimiento de la violencia en México a partir de la declaración de la Guerra contra las Drogas por parte de las autoridades estatales. En la segunda sección, se describe el rol desempeñado por el Estado a la hora de asegurar la efectividad del imperio de la ley. 

1. Estado y democracia en México

Según O’Donnell, “las características de cada estado y cada sociedad influyen poderosamente sobre las características de la democracia que habrá (o no) de consolidarse”(1993:4). En línea con ello, entiende al Estado, no como el aparato estatal, sino como la conjunción de tres dimensiones, a saber: “un conjunto de burocracias capaces de cumplir sus funciones con razonable eficacia; la efectividad de la ley; y organismos estatales que normalmente orientan sus decisiones basándose en algún concepto del bien público”(1993:7).

De las tres dimensiones mencionadas, profundizaremos sobre la efectividad de la ley en el caso mexicano. Esta dimensión define el grado de ciudadanía civil y política alcanzada por el conjunto de la población adulta (O’Donnell, 2002). En aquellos países donde la ley no sea aplicada igualitariamente por las instituciones estatales correspondientes se niega o viola el componente liberal de la democracia, es decir, no se ejercen los procedimientos accesibles y bien arraigados para proteger las libertades de los ciudadanos. El imperio de la ley, y su efectividad, es crucial para la democracia en cuanto y tanto brinda previsibilidad a las interacciones humanas. 

Un síntoma usual de la inefectividad del imperio de la ley suele ser la expansión de actividades ilícitas, como el narcotráfico. En este sentido, el tráfico de drogas en México no es un fenómeno reciente. Existen disposiciones emitidas durante los años de la Revolución (1910-1917) relacionadas al tráfico de drogas. Además, durante la segunda mitad del siglo XX comenzaron a desarrollarse campañas antidrogas cada vez mayores, e involucrando ya  a militares, como por ejemplo la Operación Cóndor. Anunciada en enero de 1977, participaron más de diez mil soldados, pero no obtuvieron más resultados que la quema de cultivos y aprisionamiento de simples peones. 

También es de larga data los casos de corrupción y colusión entre oficiales y autoridades estatales con narcotraficantes. Ya en la década de 1940 habían acusaciones dirigidas a políticos de participar en el tráfico de sustancias. Tal como señala Astorga (2004), el entonces gobernador de Sinaloa, Pablo Macías Valenzuela, fue acusado de controlar el tráfico de opio y de tener a los principales narcotraficantes en su estado. Otro caso destacado fue el de Félix Gallardo, conocido por ser el líder y fundador del Cártel de Guadalajara, mantuvo fuertes relaciones con políticos destacados del PRI, como Mario Ramón Beteta (exgobernador del Estado de México). El narcotraficante recién fue apresado en el año 1989, tras más de dos décadas con órdenes de arresto en su contra por contrabando de sustancias ilegales. Gallardo, previo a su incursión en el mundo de las drogas, había sido policía judicial en Sinaloa y guardaespaldas del gobernador de Sinaloa Leopoldo Sánchez Celis (Astorga, 2004). 

Existen también casos más recientes y destacados, como el hermano del presidente Carlos Salinas (1988-1994), Raúl Salinas, quien mantenía estrechas relaciones y protegía al jefe del Cártel del Golfo, Juan García Abrego.

El entrelazamiento entre las instituciones estatales y el narcotráfico es anterior a la institucionalización de la democracia en México. Lo que sí es novedoso es el aumento de la violencia en dicho país. Ambas cuestiones representan algunas de las grandes tareas a las que se enfrenta la democracia mexicana. 

Ilegalidad, acuerdos informales y violencia

Tal como demuestran Snyder y Durán Martínez (2009) la ilegalidad no necesariamente implica violencia, antes bien depende de los arreglos y/o relaciones establecidas entre los actores involucrados. En este sentido, el pasado de México lo demuestra, ya que las modificaciones sucedidas en y desde el Estado fueron marcando el ritmo de las relaciones entre la política y el narcotráfico. 

El reciente y vertiginoso crecimiento de la violencia en México puede ser explicado por la ruptura de las redes estatales de protección. Generalmente cualquier reforma que busque fortalecer la efectividad de la ley puede llevar a un aumento de la violencia, al romper con dicho acuerdo informal. No obstante, el caso mexicano está signado por la confrontación abierta, ya que la “Guerra contra el Narcotráfico” no implicó una mejora en la aplicación de la ley o law enforcement, sino más bien la implementación de las fuerzas armadas, las cuales carecen de la capacidad disuasoria y reactiva de los cuerpos de seguridad pública a la hora de preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

De acuerdo a lo planteado por Snyder y Durán Martínez (2009), estos acuerdos dependen de que los actores involucrados cumplan con sus ofertas, tanto los provenientes desde las esferas estatales como aquellos pertenecientes al mercado ilegal (en este caso el tráfico de drogas). 

Los actores pertenecientes al Estado, generalmente oficiales pertenecientes a la Policía, deben ser capaces de demostrar su capacidad de law enforcement, es decir, la capacidad de aplicar o no aplicar de forma selectiva y predecible las leyes. Con ello protegen a quienes forman parte de esta red de la aplicación del imperio de la ley, toda vez que la aplican sobre rivales/competidores de sus socios.  

En cuanto a las organizaciones criminales (carteles en el caso de estudio), la conformación de dichas redes de protección y colaboración depende de su fiabilidad a la hora de hacer pagos a los sujetos involucrados en las esferas estatales y cumplir con acuerdos (generalmente referidos a acciones como actos de violencia, compartir información, entre otros).

Este tipo de interacción resulta beneficioso para todos los involucrados debido a que, mientras los carteles obtienen protección e información, los agentes estatales utilizan el enforcement selectivo para apresar a aquellos traficantes que no formen parte de sus redes de protección y, con ello, ganar crédito y legitimidad frente a demás actores (agencias extranjeras de investigación, como la DEA; sociedad; entre otros). Además, ambos socios comparten ingresos producto del tráfico de sustancias ilegales.

Cuanto más interactúen entre sí estos actores, mayores son las posibilidades de desarrollar fuertes relaciones colaborativas, promoviendo relaciones durables y estables en el tiempo. Pero dichas relaciones dependen también de la cantidad de organizaciones criminales existentes a la hora de implementar dicha relación como así también de los distintos niveles de gobierno que tenga un país (municipal, estadual y/o provincial, nacional, entre otros). Ello va a determinar la posibilidad de que este acuerdo tenga un efecto pacificador o no sobre la sociedad (entendido como una disminución en los niveles de violencia).

En el caso particular de México, estas redes de protección se vieron facilitadas hasta finales del siglo XX, debido al predominio del PRI a lo largo y ancho del territorio, tanto a nivel nacional como subnacional. La hegemonía priísta garantizó la centralización del poder político como de la aplicación de las leyes, y con ello minimizó los efectos del federalismo (Snyder & Durán Martínez, 2009). Este contexto brindó las bases para que agentes pertenecientes a las esferas estatales pacten con los pocos carteles existentes (buscar quien nombra que había 5 o menos).

La viabilidad de las redes estatales de protección se vieron afectadas a finales de la década de 1980 por dos motivos: la implementación de reformas en la Procuraduría General de la República, que buscaban luchar contra la corrupción (descentralización del organismo, remoción y sanción de agentes corruptos, entre otras medidas); y la creciente competitividad electoral en el plano subnacional, que llevó al PAN a la gobernación del Estado de Baja California. A partir de ello, crearon una multiplicidad de actores nuevos que, en caso de querer instalar redes estatales de protección, debían ser incorporados a los pagos y acuerdos previamente desarrollados. Además, la incorporación de distintos partidos, como el PAN o PRD (Partido de la Revolución Democrática) a las arenas electorales nacionales y subnacionales, terminaron de fragmentar y multiplicar los sujetos con los cuales debían negociar los carteles.

Las redes de lealtades comenzaron a ser más inestables, además de estar marcadas por la incertidumbre y tensión entre agencias estatales, carteles y la sociedad. La violencia se concentró y empezó a ser reflejo de los conflictos al interior de las redes establecidas entre agentes estatales y las redes criminales (Bailey & Taylor, 2009).

La modificación de la naturaleza de las redes estatales de protección marcaron la merma del efecto pacificador y estabilizador que tenían previamente. Esta modificación se comenzó a sentir cuando el Estado mexicano modificó su accionar para con los carteles, es decir, a partir del sexenio de Felipe Calderón. El gobierno mexicano, a partir del año 2007, empezó a implementar una política abiertamente confrontativa con los carteles. 

Militarización de la seguridad pública

La implementación de la Guerra contra las Drogas se suponía que iba en línea con aquellas reformas anticorrupción, es decir, con miras a aplicar la efectividad del imperio de la ley. Los métodos elegidos para implementar el accionar estatal sugieren lo contrario. 

Todo involucramiento de fuerzas armadas en tareas que no le son propias está basado en una concepción de prolongación de los conflictos armados. Además, sus intervenciones son “de carácter temporal (ligado a la duración del operativo), parcial (no está enmarcada dentro de un enfoque integral de la actividad delictiva) e ineficiente (no se evalúa el costo-beneficio)”(Espinosa, 2007:). Las fuerzas armadas no están preparadas para proteger la seguridad de los ciudadanos, antes bien están entrenados para enfrentar amenazas que cuestionen la integridad de un Estado.

En el marco de su campaña contra el tráfico de drogas ilícitas, Calderón incorporó a las fuerzas armadas por encima de lo establecido en el artículo 129 de la constitución mexicana, que establece que en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer actividades por fuera de las relacionadas con la disciplina militar. Sin embargo, utilizó una resolución de la Suprema Corte de Justicia del año 1996, en la cual sentenciaban que el Ejército, la Armada y Fuerza Aérea podían asistir a las autoridades civiles cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerzas. Amparado en ese antecedente, empleó como argumentos para involucrar a las fuerzas armadas un aumento “alarmante” del consumo de drogas, como así también la necesidad de frenar el aumento de la violencia relacionada a la venta y compra de dichas sustancias. 

A partir de estos pretextos, las fuerzas armadas fueron utilizadas para el “descabezamiento” de los carteles: la estrategia consistía en operativos enfocados en detener a los jefes o “capos” de cada cartel. El efecto “descabezamiento” tiene como consecuencia directa el debilitamiento de aquellos carteles afectados, dando lugar a la posibilidad de que se fragmenten en organizaciones más pequeñas que buscan ocupar el vacío de poder originado a partir de la detención de los “capos”. A partir de ello, varias organizaciones criminales también se sumaron a la lucha por esos espacios vacantes.  

Más específicamente, la estrategia implementada tuvo tres efectos o consecuencias directas: multiplica el número de organizaciones criminales, extiende la presencia de las mismas a lo largo del país y genera o exacerba ciclos de violencia, como la fase generada a partir de la declaración de la “Guerra contra el Narcotráfico”(Guerrero Gutiérrez, 2011).

Los ciclos de violencia, de acuerdo a Atuesta y Ponce (2017), se originan a partir de la implementación de estrategias confrontacionales y agresivas de law enforcement desde las instituciones estatales, las cuales tienen un efecto a corto y mediano plazo sobre los mercados ilícitos. Como consecuencia directa de dichas medidas, se genera una desestabilización y posterior quiebre del status quo hasta entonces vigente, producto de la ruptura y fragmentación de organizaciones criminales. Esta multiplicación de actores involucrados lleva a mayor competencia entre sí, lo que genera efectos a largo plazo sobre el ambiente, a saber, que el aumento de la competencia deviene en mayor violencia entre los propios carteles y, en menor medida, entre el Estado y narcotraficantes.

En la actualidad, el crimen organizado se encuentra muy fragmentado para hacerlo retroceder en su totalidad. La multiplicación de carteles, que llevó a un desequilibrio dentro mercado ilegal de tráfico de drogas, fue consecuencia directa de la intervención estatal. Ello plantea grandes dificultades a futuro, debido a que si está acompañado de una percepción generalizada de que cada vez se cometen más actos de violencia y crímenes, ello conlleva a un menor apoyo a la democracia y sus instituciones (Bailey & Flores Macías, 2007).

Tendencias a contramano

A diferencia de lo que sugiere la intuición, la tasa nacional de homicidios por cada 100.000 habitantes lo ubica a México en una posición cercana al promedio en la región, con un 16,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, sigue siendo superior a la tasa indicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como correspondiente a niveles epidémicos de violencia (10 homicidios por cada 100.000 habitantes).

Figura 2. Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en América Latina.
Fuente: Datos de homicidios para 2015, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

Las tendencias subnacionales de homicidios muestran otro panorama. Por un lado encontramos más de 700 municipios sin homicidios, toda vez que vemos municipios que, a partir de 2008, pasaron a concentrar más de 5% de los homicidios cometidos en el país, como los municipios de Juárez, Tijuana o Acapulco. A su vez, los estados más afectados han sido Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Estas estadísticas coinciden con los lugares afectados por la lucha entre cárteles y la intervención de las fuerzas armadas.

Figura 3. Tasa municipal de homicidios cada cien mil habitantes.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Tal como demuestra la Figura 3, la dispersión geográfica de la violencia en México demuestra estar concentrado en la costa del Pacífico y los Estados limítrofes con Estados Unidos, es decir, las zonas más afectadas por el narcotráfico, debido a que por allí pasaban las principales rutas del tráfico de drogas (Rosen & Zepeda Martínez, 2014). Ello permite establecer que la violencia en México ha sido esporádica y geográficamente localizada, y que hubo un aumento marcado de la violencia a partir del sexenio de Felipe Calderón.

Cabe resaltar que los datos disponibles enfrentan limitaciones metodológicas. En primer lugar, los datasets disponibles no cubren la totalidad de los niveles de análisis abordados ni los períodos de tiempo estudiados. Sin embargo, todas las fuentes siguen patrones y tendencias similares. Más importante aún, dada la naturaleza oculta o ilegal del fenómeno, es posible que los estudios no lleguen a capturar a las consecuencias del narcotráfico en su totalidad, debido a que los actores pueden querer encubrir las evidencias de sus acciones (Krause, 2013).

2. Las deudas de la democracia en México

Hasta ahora, hemos repasado una vasta bibliografía sobre el incremento y dispersión geográfica de la violencia en los Estados Unidos Mexicanos, la cual indica que es consecuencia directa del accionar estatal y hemos señalado el mecanismo causal por el cual se sucedieron escaladas de violencia en distintas regiones del país. Sin embargo, dentro de este contexto de violencia generalizada, un aspecto generalmente dejado de lado son las fallas del sistema político y judicial del Estado a la hora de combatir el crimen organizado.

Las fallas y errores se tradujeron en violaciones de derechos humanos, corrupción e impunidad tanto de carteles como del Estado profundamente interrelacionados entre sí. El caso paradigmático de las fallas al interior del aparato estatal es la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa en el año 2014. El 26 de septiembre de 2014 fueron detenidos por la policía municipal y desaparecidos forzadamente. En una de las zonas de menores recursos del Estado de Guerrero y de todo México, se presupone que agentes de diversas instituciones estatales fueron partícipes de la desaparición y encubrimiento del hecho, en el cual estaría también involucrado el cartel Guerreros Unidos. 

Tal como señala H. Stone (2014), “un crimen de dicha escala -la desaparición y asesinato de 43 personas- no pudo haber sido hecho en secreto. Requirió la existencia de una cultura de miedo y complicidad que previniera a otras autoridades en Iguala de intervenir y mantener a la población local en silencio”. 

Retomando la hipótesis de que el accionar estatal produjo una erosión en la calidad democrática de dicho país mediante la implementación de la “Guerra contra el Narcotráfico”, se visualiza que el Estado tuvo que hacer frente no solo al crimen organizado, sino además al accionar de distintas agencias estatales que, producto de la falta de accountability (la ausencia de controles recíprocos entre las instituciones del Estado), cometieron numerosos excesos en el uso de la fuerza y violaciones de derechos humanos.

En el marco de la militarización de la seguridad pública, sólo durante el sexenio de Felipe Calderón, los agentes de las fuerzas armadas desplegados  pasaron de 45.850 agentes a un aproximado de 100.000 agentes. Además, las compras de armas se incrementó 100 veces más en comparación de los gobiernos anteriores. El despliegue de semejante cantidad de recursos tuvo como contraprestación la presentación de más de 10.000 denuncias por violación de derechos humanos a manos de las fuerzas armadas, entre el año 2010 y el año 2016 (Meyer, 2017). Durante el mismo período de tiempo, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2015), solo 16 casos han establecido condenas para las violaciones de derechos humanos. Del mismo modo, desde comienzos de 2010 se multiplicaron las denuncias de torturas por parte de agentes estatales. De acuerdo a la Procuraduría General de la República (PGR), de las 2420 denuncias en investigación para abril de 2015 únicamente había 15 sentencias condenatorias a nivel federal

Empero, la impunidad no se dió únicamente en casos que estuvieron involucrados agentes estatales. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizada por el INEGI, se calcula que solo el 1% de los crímenes cometidos en México cuentan con una condena firme. Y ello como consecuencia de las limitadas capacidades que tienen las agencias federales y estatales para investigar los casos de manera adecuada, producto del haber destinado recursos para la militarización de la seguridad pública, en vez del fortalecimiento de las instituciones estatales. 

Las instituciones estatales presentan demasiados obstáculos a lo largo del proceso judicial, tanto desde la toma de las denuncias como a lo largo del proceso de investigación, ya sea motivo de irregularidades, inacción o falta de coordinación y cooperación entre distintos niveles de gobierno (CIDH, 2015). Ello entorpece el desarrollo de las tareas indelegables del Estado y, por ende, entorpece el cumplimiento del componente liberal de la democracia.

La inefectividad del imperio de la ley también se materializó en numerosos casos de corrupción, principalmente en Estados como Tamaulipas o Michoacán, afectados profundamente por el narcotráfico. Generalmente, suelen estar involucrados principalmente agentes de las fuerzas de seguridad y/o policiales junto a funcionarios electos, siendo ambos puestos indispensables para la efectividad del imperio de la ley. Para tomar dimensiones del problema, se estima que le cuesta anualmente un 9% del Producto Bruto Interno.

[…]

Podés seguir leyéndolo en el siguiente link.


  1.  Así lo sugieren R. Aguilar y J. Castañeda, como consecuencia de las irregularidades presentes a lo largo de las elecciones presidenciales mexicanas en 2006 (2012).

  2. El gobierno se declara en guerra contra el hampa; inicia acciones en Michoacán – La Jornada. (n.d.). www.jornada.com.mx. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2006/12/12/index.php?section=politica&article=014n1pol 
  3. Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática.
  4.  De acuerdo a Calderon, Rodríguez Ferreira & Shirk (2018), los cambios en niveles de crímenes y violencia se visualizan de forma más adecuada a través de la tasa de homicidios cometidos.  
  5. Snyder, R., & Durán Martínez, A. (2009). “Does illegality breed violence? Drug trafficking and state-sponsored protection rackets”. Crime, Law and Social Change, 52. 2009. pps. 253-273.
  6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEDM). Art. 129. 1917 (México).
  7. Suprema Corte de Justicia. Tribunal Pleno. Precedente 3534, Marzo de 1996. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/3534
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  9. Calderón, L.; Rodríguez Ferreria, O. & Shirk, D. (2016). “Drug Violence in Mexico: data and analysis through 2017”,(pps.1-63). Justice in Mexico Project, University of San Diego. Disponible en: justiceinmexico.org.
  10. (22 de agosto de 2020) “México: avances en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de ayotzinapa renueva esperanza de verdad y justicia”. Amnesty Internacional. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/08/mexico-avances-en-la-investigacion-sobre-la-desaparicion-de-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa-renueva-esperanza-de-verdad-y-justicia/ 
  11. Nota de Prensa, “What’s behind Mexico’s military buying binge?”, The Washington Post, 15 de junio de 2015.
  12. Información recogida por la organización Amnistía Internacional mediante solicitud de información, e incluida en el informe “Promesas en el papel, impunidad diaria: La epidemia de tortura en México continua”, octubre de 2015, pág. 5. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/2676/2015/es/.
  13. “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.” Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Septiembre 2015. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2015/default.aspx


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