“Reflujo del progresismo y ascenso de las derechas: causas y análisis de Brasil y Bolivia”

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Introducción

Varios países de Sudamérica tienen en común cambios cualitativos en el nivel de vida de su población en el primer cuarto del siglo 21 y a través de gobiernos populistas de izquierda, sean esos gobiernos de países del cono sur (Argentina, Uruguay y Brasil) o de países andinos (Venezuela, Bolivia, Ecuador). Gracias a políticas de generación de empleo, e inversión en áreas de educación, salud y vivienda, se logró reducir la pobreza y la desigualdad en ambas regiones (Aurelio García,2008), abandonando así una etapa neoliberal de recesión y debacle social, que tuvo como auge en los años 90.

 El autor Aurelio García (2008) señaló que  los países andinos y del cono sur  tienen etapas históricas diferenciadas: los primeros, habían tenido en los años 30 y 40 una industrialización sustitutiva de importaciones, mientras que  en los segundos no por lo que no  se construyeron economías complejas (industrializadas), conformando así en estos últimos una clase social parasitaria, que se enriqueció en base a la explotación de bienes primarios, lo que aumentó la desigualdad y  la polarización social, que llevó a reformas constitucionales como la de Venezuela en el año 2009, la de Bolivia, también realizada en el año 2009 y la de Ecuador del año 2008.

A pesar de las diferencias, tuvieron en común aquellos gobiernos mencionados, el constituir una base electoral identificada con el pueblo enfrentada a una oposición conservadora y oligarca, algo que se contradice con la gestión de esos gobiernos: los beneficios sociales y económicos estaban enmarcados en el precio internacional de las commodities (materias primas), buscando el apoyo de las elites latinoamericanas (Schavelzon, 2017). Esa búsqueda llevó a no profundizar una lucha contra los intereses y las ganancias de los grandes capitalistas y a realizar lo contrario, es decir, a gobernar promoviendo megaminería a cielo abierto, fracking, sojización, monocultivo y demás actividades que generan poco trabajo, y mayor riqueza concentrada. Por lo que fue contradictorio el descalificar a manifestaciones bajo el adjetivo de derecha si a la vez se gobernó con políticas propias de aquel espectro ideológico. Dichas Manifestaciones, además, surgieron al dificultarse la continuación de políticas subsidiarias, debido al “fin del denominado boom de las “commodities” que habría facilitado las experiencias de izquierda” (Montero & Collizolli,2016, p.6).

Las manifestaciones contrarias a gobiernos nacionales y populares como las de Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia contra Hugo Chaves, Luiz Inácio Lula Da Silva, Cristina Kirchner y Evo Morales respectivamente, poseían núcleo conservador, pero también sectores progresistas que presentaban en sus reclamos intereses de trabajadores, campesinos y comunidades originarias (Schavelzon, 2017). Esos manifestantes no recibieron atención desde los gobiernos en cuestión ya que estos en nombre de un antagonismo con la oligarquía justificaron su falta de escucha, y mantuvieron sus alianzas con las burguesías agraria, financiera, minera, etc.

 

Políticas y gestión social

En Bolivia se realizaron transformaciones en el nivel de vida de la población: en el año 2002, 4 años antes de la llegada de Evo Morales al poder había 50% de empleo precario y 12% de desempleo y empresas en la quiebra (De La Fuente, 2002). Desde el año 2000 los indicadores sociales venían mejorando: la pobreza en Bolivia para ese año era de 66% y se redujo casi 7 puntos, pero a partir de 2005, dicha reducción se triplicó llegando en 2013 al 39% y al 34,6 en 2018. La pobreza extrema que en el año 2000 abarcaba al 40% de la población se redujo hasta el 2005 3,2%, y desde el 2005 al 2013 19%, llegando a abarcar dicha pobreza en 2013 a 18,8% de la población, y a 15,2% para 2018. Aquella pobreza extrema antes y durante el gobierno del MAS se mantuvo principalmente en las zonas rurales (habiendo en el 2013 39% de pobreza extrema en áreas rurales frente a un 9,1 en las zonas urbanas), en los sectores de bajo nivel educativo (65% de personas en pobreza extrema tenía en 2013 educación incompleta), y en los grupos étnicos (para 2013 el 53% de las personas en pobreza extrema pertenecían a un grupo étnico). La distribución del ingreso es algo que también mejoro ya que Bolivia, logró ser el país más exitoso de la región en reducir la desigualdad entre 1999 y 2011, además, el coeficiente de Gini a nivel nacional pasó de 0,63 a 0,48 entre 2000 y 2013. En el 2017 aquel coeficiente de Gini bajó a 0,44, aunque entre 2013 y 2018 la mejora de la situación social comenzó a reducirse.

En el gobierno en mención se implantaron tres políticas sociales importantes: la primera de ellas fue la Bono Juancito Pinto consistió en 29 dólares a estudiantes de escuelas públicas a cambio de que sostengan un mínimo de un 80% de asistencia escolar, lo que logró que entre 2006 y 2017 la deserción escolar en primaria cayese del 6,5% al 1,8% y en la educación secundaria del 8,5% al 4%. Luego está la Renta Dignidad, (vigente desde 2007) destinada a mayores de 60 años, e implican 250 bolivianos (36 dólares) para las personas con pensiones de jubilación y 300 (43 dólares) para personas que no poseen dichas pensiones. Por último, el incremento del Salario Mínimo Nacional, que en 2005 estaba en 440 pesos bolivianos (57 dólares de aquel entonces) y llegó a 2.060 (298 dólares) en 2018, incluso con una inflación que descendió de 12% en 2007 a menos de un 2% en 2018. Esas políticas pueden explicar la reducción de la pobreza, aumento de 64 a 71 años de la esperanza de vida.

Lula Da Silva, electo presidente en el año 2003, gobernó Brasil con políticas redistribucioncitas que también llevaron a mejora de la calidad de vida: se llegó a mayores niveles de empleo formal, aumento de mercado interno y de compra de vehículos y bienes de consumo (Anderson,2016). Según Sader (2009), a través de la Gestión lulista hubo “transformación del nivel de vida de 50 millones de personas más pobres de Brasil un aumento significativo en su poder de consumo y en el acceso a bienes indispensables” (p.30)

Durante 2004 a 2014 se redujeron en Brasil los índices de pobreza. Reduciéndose la pobreza desde el 24,95 % de la población en 2004 hasta el 8,54 % en 2014 (llegando así al índice más bajo de pobreza de la historia de Brasil), bajando de un nivel de pobreza 60,1 millones de personas en el año 2005 a uno de 26,6 millones en 2014 También se redujo la pobreza extrema que pasó desde el 12,35 % de la población en 2004 hasta el 3,90 % en 2014, pasando en el medio por un 5,16 % en 2013. Disminuyo, además, acorde al índice de Gini, la desigualdad social: siendo del 0,570 en 2004 se redujo al 0,514 en 2014 acumulando una reducción del 9,7% en aquel período. Esos resultados fueron posibles por el crecimiento del PBI que llevó consigo aumento de la renta per cápita del país elevándose desde los 11,13 dólares diarios en 2004 a los 17,44 dólares diarios en 2014, e implementar a partir de eso políticas de distribución de subsidios.

 

Matriz productiva intacta

A pesar de los grandes avances en materia de distribución del ingreso, al igual que los países de su región, en Bolivia no se desarrolló una economía cuya dinámica se exceda de la demanda internacional de productos primarios. Eso explica porque en dicho país a partir de 2013 haya comenzado a haber déficit fiscal pasando de un superávit del 0,6% en aquel año a un 8,3% en 2018, bajando a apenas un 7% en 2019. Algo opuesto ocurrió en los años previos de gestión del MAS dado que en 2005 había déficit fiscal de 2,2% y en 2006 superávit fiscal (de 4,5%) que perduró hasta el 2013. El precio internacional de las materias primas hizo que al Estado boliviano recaude por esa vía desde 3 mil millones de dólares en 2005 a 13 mil millones en 2014, siendo el tercer país latinoamericano que más creció en aquel período (luego de Uruguay y Perú). Para que el Estado pueda distribuir parte de ese ingresó nacionalizó Evo Morales, empresas hidrocarburíferas (sector cuya demanda externa fue la que más creció llegando a componer el 52% de las exportaciones del año 2014) y gravó con impuestos alrededor del 82% de las ganancias del sector. 

Desde 2015 disminuyo la demanda hidrocarburífera externa, lo que redujo su participación en las exportaciones en torno al 34% en 2019(el último año en el que estuvo Evo Morales en la presidencia). Para poder mantener las políticas sociales se acudió al endeudamiento externo, que pasó del 82% del producto bruto interno en 2005 al 35% en 2012, pero al 51% en 2019, volviendo a elevarse.

En Brasil, tampoco se cambió la matriz productiva, manteniendo la dependencia en la demanda extranjera de bienes primarios y partiendo del mencionado consenso neoliberal. Gobernó el PT con ajuste fiscal y primacía del capital financiero con un capital industrial concentrado y subordinado, llevando ya en 2003 la tasa de interés al 25.5% que en un momento llegó a ser la tasa brasileña la más alta del mundo. Se mantuvo la estructura oligopólica de la construcción de viviendas a pesar de contratarlas para que construyan más viviendas y no se priorizaron bienes públicos como la salud y la educación (aunque haya aumentado el nivel de escolaridad). También gobernó con represión y sin reforma agraria (Anderson, 2016) (Sader,2009).

En 2015 la economía se redujo 3,7%, y aumentó el nivel de desempleo subiendo al 5,7%, dando continuación a un problema que comenzó en 2014 con un PBI creciendo tan solo un 1% frente a su crecimiento de 7% en 2006, más una pobreza extrema ya en 2014 compuesta de 10,45 millones de personas frente a 10, 08 millones del año 2012.

Acorde a lo escrito por Emir Sader (2009) El neoliberalismo brasileño, que según el mencionado autor se hegemonizó, implicó apertura de las importaciones, privatización de las empresas estatales, descreimiento en los políticos, disminución de funciones sociales y represión hacia los movimientos sociales. Ese consenso era según el autor internacional causado por la caída de la URSS, mostrándose el capitalismo como el único modelo económico perdurable, por lo que tampoco se veía necesario un estado social o de bienestar que evite la adhesión a las ideas comunistas.  Desde los años 90 el PT era parte de aquel consenso neoliberal dado que intendentes de ese partido como Antonio Palocci (ex alcalde de) Ribeirão Preto, participaron de procesos de privatización de empresas municipales de telecomunicaciones. Aquel exalcalde fue miembro de la trotskista Organización Socialista Internacionalista (OSI), y buscó en comienzos de los años 1980 persuadir al entonces sindicalista Lula de buscar una revolución socialista. En su primer mandato como jefe del ejecutivo de la mencionada ciudad, Palocci inició a la privatización de la Ceterp (Centrales Telefónicas de Ribeirão Preto). Palocci permaneció en el PT a pesar de su acción privatizadora, y fue coordinador del equipo de transición con el PSDB. Tras la asunción de Lula a la presidencia (2003), Palocci fue designado ministro de Hacienda (en un período caracterizado políticas austeras y procíclicas). En 2010, este controversial personaje coordinó la campaña de Dilma para la presidencia, tras el triunfo de ella, él obtuvo el cargo de jefe de la Casa Civil (Jefe de Gabinete de la Presidencia), del que fue apartado más tarde por denuncias de corrupción.

relación de fuerzas:

 Para la viabilidad de aquel desarrollo social transcurrido en Bolivia se requirió de cuestionar la propiedad latifundista de la tierra, algo que fue posible durante el gobierno del MAS: la crisis neoliberal vislumbrada en principios de los años 2000 implicó desencanto con la democracia por falta de inclusión y valorización hacia la pertenencia a un grupo étnico y hacia el «capital organizativo» proveniente de tradiciones urbanas y rurales (Zuazo, 2010). 

Siguiendo a Goldenberg (2016) y a De La Fuente (2002) el apoyo masivo que obtuvo Evo Morales se debe en parte con su identidad indígena, y en menor medida, a sus ideas de izquierda, en las que se podía encontrar la “recuperación de los recursos naturales, la defensa del sector productivo, la cultura y la coca, y críticas contra la corrupción, el racismo y la intervención de los Estados Unidos, el sometimiento a los dictados del Fondo Monetario y del Banco mundial” (De La Fuente,2002, p.85) 

Otros candidatos que participaron de la elección presidencial del año 2002 explican sus votos por posiciones de izquierda, pero no llegaron a triunfar por mantener a la vez posicionamientos de derecha. Entre los ejemplos que sirven para sostener aquello se encuentran los de Jaime Paz que obtuvo 16% de sufragios por tener un programa antineoliberal en 2002 aunque termino acercándose al MNR que había ganado la elección de 2002 (ganando antes la elección presidencial de 1993),o la candidatura de Manfred Reyes del partido Nueva Fuerza Republicana (NFR) , quién llegó a obtener 40% en intención de voto acorde a encuestas que se debían al apoyo que brindaba  a una futura asamblea constituyente que vaya en contra de los intereses neoliberales y en favor de un mayor rol del estado en la economía, y a su cercanía con dirigentes campesinos y socialistas. Perdió apoyo electoral, alcanzando solo un 20% de votos, en parte, por tratar a las personas homosexuales de enfermos. (De La Fuente, 2002). 

Se puede observar en Bolivia votos y sectores de izquierda, y progresistas con los que El MAS siendo gobierno pudo haberse articulado. Incluso Gonzalo Sánchez de Losada, quien implementó medidas neoliberales, logró acceder al poder su involucramiento en la cuestión campesina y su relación con referentes de dicho colectivo como el referente del pueblo originario Aymara, Víctor Hugo Cárdenas, y no pudo volver a gobernar por el rechazo a sus políticas económicas reaccionarias (De La Fuente, 2002). Por las políticas neoliberales tuvo que dejar la presidencia antes de tiempo, el izquierdista devenido en derechistas y referido recién Sánchez de Lozada y Sánchez Bustamante, en el año 2003. (un hecho muy importante que hizo a la renuncia de aquel expresidente fue “la guerra del gas”: protestas contra una presunta entrega de gas hacia Estados Unidos).

Siguiendo a Moria Zuazo (2010), la izquierda que adhirió en los 90 al consenso neoliberal de Bolivia quedó deslegitimada, como así también las derechas que proponían liberar la economía sin reflexionar sobre la integración de los movimientos campesinos e indígenas, (Zuazo, 2010, p.123). El partido MAS, nació a partir de unión de organizaciones campesinas e indígenas que sintieron la necesidad de tener un instrumento a partir de ese desencanto. Ese partido comenzó a desarrollarse por afiliaciones indirectas, dado que los miembros de aquel partido pertenecían previamente a una organización social que formaba o se unía a ese nuevo partido. Pero para crecer en los centros urbanos, desde el año 2002, decidió Evo Morales buscar afiliaciones directas, y sin consultar a sus bases comenzó una incorporación partidaria a sectores medios urbanos a cambio de cargos en la gestión pública, minando así en el partido la convicción y la ideología como aglutinadora. 

Regresando a Brasil, la falta de legitimidad de Dilma Rousseff se debió (además de a las denuncias de corrupción) a las políticas de austeridad, realizadas por el descenso de los precios de las materias primas sobre las que se recostaban la economía del país en cuestión y el ingreso para realizar políticas redistributivas.

Pero ella logró sostener 75% de aprobación a inicios de su segundo mandato cuando implementó políticas orientadas a una “Nueva Matriz Económica” de la mano de Guido Adenga como ministro de hacienda. Aquellas políticas resultaron insostenibles por querer gestionarlas con el consenso de la elite industrial. En Brasil, a diferencia de Bolivia, se intentó generar una nueva matriz productiva que no fue viable por la caída del consumo producto de exenciones impositivas, por déficit fiscal producto de subsidios a empresarios acompañados de sobreprecios y falta de transparencia, y porque la industria brasileña está constituida por empresas extranjeras ligadas a la actividad financiera, y esa actividad era más rentable. Hubiera sido viable la Nueva Matriz Económica si hubiera habido desde el lulismo voluntad de quebrar con el orden establecido más allá de las dificultades que eso genera. Prueba de que no se quiso romper con el orden establecido es lo señalado por el intelectual André Singer y portavoz del presidente Lula Da Silva entre 2003 y 2007. Sostuvo él que la idea del gobierno del que fue parte consistía en disminuir la desigualdad social (con un “Estado fuerte para aquello”) pero sin romper con el orden establecido, lo que por lo visto no fue posible (El PT, el neoliberalismo y el régimen brasileño,2017).

Autoritarismo y Corrupción 

En Bolivia, importantes críticas hacia Evo Morales se relacionaban con la falta de transparencia y la personalización del poder. El rechazo a ese modo de ejercer la política se reflejó en un referéndum constitucional del año 2016 donde se consultaba la posibilidad de un cuarto mandato, pero obtuvo un rechazo del 51,3%. A pesar de aquel resultado, Morales decidió ir por un cuarto mandato fundamentándose en un fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia, tribunal cuya mitad de integrantes formó parte del gobierno de Evo Morales en algún momento. 

En Bolivia, si bien no hubo intento explícito de una Nueva matriz Productiva, hubo una nueva constitución durante 2009, pero para profundizar el “populismo de alta intensidad”, descrito por Maristella Svampa (Montero & Collizolli,2016). La oposición derechista, buscó bloquear esa Asamblea Constituyente y se lanzó a la toma violenta de instituciones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Eso parecía ser el suicidio político de aquella oposición (Zuazo, 2010), pero Evo Morales decidió profundizar su parte autoritaria, lo que García Linera explicó de la siguiente manera: “El punto de bifurcación es el momento excepcional, corto de duración, primario, pero decisorio, en que el ‘príncipe’ abandona el lenguaje de la seducción y se impone por sus tácticas bélicas de coerción (…) Fue un momento bélico potencialmente bélico. La derecha golpista realizó sus consultas e inició gradualmente la conformación de pequeños poderes regionales que desconocían al gobierno. “(Suazo, 2010, p.13). Incrementándose la polarización social en ese país andino (Zuazo, 2010).

Tras la nueva constitución, desde el gobierno del MAS se creó el Mecanismo Nacional de Participación y Control Social, dependiente del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, para llevar adelante el proceso de participación de la «sociedad organizada». Restringiendo esa participación a los sectores organizados reconocidos por el Estado, ya que cada ministerio o repartición estatal convoca a las organizaciones sociales que considera pertinentes a una reunión con agenda establecida. Esta institucionalización de la participación de la sociedad civil implicó además la definición por parte del gobierno de la agenda, y la participación fragmentada de la sociedad. (Zuazo, 2010).

En Brasil, por más que no hubo autoritarismo del nivel de Bolivia, si hubo miedo a aquello debido a la cercanía de los expresidentes del PT con Nicolas Maduro, algo que las derechas de Brasil y de otros países latinoamericanos utilizaron para su crecimiento electoral generando miedo con un supuesto auge de una polarización social (Goldstein, 2011). Polarización que, señalada ya por Aurelio García, (2008) era más frecuente en los países andinos. 

Si hubo en Brasil, una imponente estructura corrupta: El PT, en su principio era un partido que apuntaba a un socialismo, tenía ideas radicales, pero era en cierta medida también pragmático (producto de que su formación se compuso desde sectores trotskistas y exguerrilleros hasta sectores de la iglesia católica, pasando también por simpatizantes del eurocomunismo). Al decidir moderar su discurso comienza a recibir financiamiento por parte de grandes empresas a las que se las favoreció con contratos millonarios que implicaron grandes cantidades de ganancias para ellas, y para políticos que participaron de esos negociados a través de la empresa petrolera estatal Petrobras con una capitalización que la llevó a ser la cuarta empresa más importante a nivel mundial (Anderson, 2016). La corrupción llevó a que el PT tenga, junto a partidos como el Partido Progresista (PP) y el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) a más de 50 políticos en prisión, lo que minó el apoyo de los sectores medios y trabajadores hacia el PT para el año 2016, momento en que dicho partido ocupaba la presidencia a través de Dilma Rousseff que es destituida a través de un controversial impeachment.

El desencanto con Lula y el PT debido a la corrupción, con la operación Lava Jato a la cabeza, era un desencanto hacia la política tradicional general, no solo con la izquierda, aunque ese desencanto haya ido de la mano de criticar a los medios de comunicación masiva acusándolos de ser de “extrema izquierda” (Goldstein,2019). El desencanto fue contra la prensa tradicional, la clase empresarial tradicional que tuvo entre sus miembros a procesados y detenidos por la causa del Lava Jato, y contra la política tradicional encarnada también por el presidente “golpista” Michel Temer del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y por el ya referido Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que alcanzaron en las elecciones presidenciales del 2018 1,2% y 4,76% respectivamente.

 

Polarización con oposición “homogéneamente” derechista

Las primeras protestas en contra de los gobiernos analizados lejos estuvieron de ser, al menos en sus orígenes, exclusivamente de derecha: las protestas del 2013 contra los planes de ajustes implementados por Dilma Rousseff fueron iniciadas por el Movimiento Passe Livre (MPL) organización de extrema izquierda y “horizontalista”, que tiene como objetivo lograr un transporte gratuito y pública. Inició las protestas para derogar el aumento de las tarifas del transporte. También se opone dicha agrupación a las políticas que fomenten la especulación inmobiliaria, y a la represión hacia la protesta. En Bolivia, durante las primeras manifestaciones contra el gobierno contra una reforma constitucional que habilite una tercera reelección, hubo en La Paz críticas desde una perspectiva también de izquierda (Goldenberg,2016) 

Una de las mayores derrotas sufridas por Evo Morales fue no poder en el año 2011, instalar una carretera que uniría a los departamentos de Cochabamba (centro) y Beni (noreste), y partiría en dos a una selva rica en biodiversidad caracterizada como área indígena y reserva ecológica. La oposición a aquel proyecto provenía de sectores indígenas pero aquel expresidente decidió acusar a los manifestantes de ser sectores acomodados que solo utilizaban a los indígenas. En ese 2011, se presentó por primera vez el intento de construir esa carretera que atravesaría esa zona biodiversa llamada Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) mediante el impulso de una ley que levantara la intangibilidad de aquella área. Se generó una multitudinaria marcha en oposición a esa idea, que cruzó el país durante más de 60 días, forzando al gobierno a suspender la construcción de la carretera teniendo ya a una empresa contratada para dicha construcción. Lo que buscó ese proyecto fue incrementar la explotación de los recursos naturales (y, por ende,daños a la biodiversidad) detrás de un discurso de mayor provisión de servicios públicos como educación y electricidad, servicios que en los 11 años previos el gobierno no los había garantizado (TIPNIS, la controversial carretera que puede partir en dos una selva de Bolivia y que Evo Morales “insiste en construir”,2017). Ese proyecto fue, acordé a la BBC (2017), uno de los “cuestionamientos y críticas le valió a Evo Morales en los más de 11 años que lleva como presidente de Bolivia. Tal vez el que más.” (“TIPNIS, la controversial carretera que puede partir en dos una selva de Bolivia y que Evo Morales “insiste en construir”,2017).

En Brasil, a pesar de que las mencionadas protestas no eran originalmente de derechas, a partir de 2015 empezaron a explayarse en ellas dos grupos de derecha: el Vem Para Rúa (“llega a la Calle”) y el Movimiento Brasil Livre. El primero de éstos dos grupos, aunque se focalice en la anticorrupción tiene como financista a Jorge Lemann (dueño de multinacionales estadounidenses como Burger King), y el segundo promueve directamente el libre mercado. 

Ni siquiera la creciente demanda contra la inseguridad provenía necesariamente de un votante derechista: dado que la pobreza y el desempleo generan mayor tasa de actividad delictiva, creció la inseguridad en Brasil luego del fin del aumento de índices de nivel de vida. El nivel de homicidios en el año 2016, año que comenzó con Dilma en el poder y continuó con quien era su vicepresidente y rompió con ella (Michel Temer) fue el mas alto de la historia de Brasil, llegando a 30,3 víctimas cada 100 mil habitantes. En 2018 aumentó a 30,8 cada 100 mil habitantes, lo que llevó a que la población busque un candidato que haga hincapié en poner orden. (Goldstein, 2019). Mayor seguridad fue parte de esas “nuevas demandas y (…) otros temas que no eran prioritarios o no se contaba con las capacidades para abordarlos en la etapa reparatoria y que vuelven urgentes en determinada coyuntura” (Montero & Collizolli,2016, p.12), no por eso el 46% del electorado que votó a Bolsonaro en la primera vuelta de la elección presidencial del 2018 y el 55,13% que lo apoyó en la segunda vuelta quería necesariamente un gobierno de extrema derecha. En un relato del texto “Bolsonaro. La democracia de Brasil en peligro” (Goldstein,2019) se puede apreciar un voto pragmático hacia él: “Otro conductor de Uber me decía que, si Lula era candidato, iría a votar por el expresidente, pero, si no podía competir, iba a votar por Bolsonaro. Votaría por este porque “le da fuerte” al tema de la seguridad, que considera un tema principal.” (p.17). 

 

Cohesión de las derechas

Las derechas que buscaban un acercamiento a los Estados Unidos comenzaron a tener una referencia en la “Alianza del Pacífico”, institución que utilizó el mismísimo Estados Unidos para revincularse con América Latina tras la ruptura del ALCA. Aunque los miembros de ese bloque sean países latinoamericanos (Chile, Colombia, México y Perú) la mayor parte de su comercio es con socios comerciales externos (Montero & Collizolli,2016). Es una alianza que a pesar de ser de carácter regional tiene entre sus principales objetivos promover el comercio internacional libre. 

En Bolivia se puede apreciar el vínculo de la oposición derechista con el establishment estadounidense al observar el vínculo entre referentes bolivianos como Gonzalo Sánchez de Lozada y Manfred Reyes Villa con residencia estadounidense coordinando acciones con líderes de la oposición boliviana como  Waldo Albarracín, presidente de la Confederación Democrática Nacional (CONADE) y Jaime Antonio Alarcón Daza, presidente del Comité Cívico de La Paz, acciones que llevaron a un golpe de estado(hay que recordar que la razón por la que en Bolivia ocurrió algo concebido como golpe de Estado es porque por más de que las fuerzas armadas de aquel país no hayan tomado de forma directa el poder del estado, le dijeron a Evo Morales que si permanecía en el gobierno no iba a lograr controlar los estallidos, por lo que no le quedó a él opción a retirarse del poder, como así también de su país.)

En Brasil el vínculo de las oposiciones derechistas con el establishment de los Estados Unidos se puede observar a través del Poder Judicial: el juez Sergio Moro, especializado en el combate a la corrupción trasnacional en la universidad de Harvard y viajante periódico hacia Estados Unidos, difundió conversaciones entre Dilma y Lula donde ella le garantizaba a él un cargo en algún ministerio para tener inmunidad ante decisiones judiciales que vayan contra su libertad ambulatoria. El problema de esa difusión es que ese juez aparece en fotos que muestran vínculos con el PSDB, partido político que necesitaba que la justicia se enfoque en los dirigentes del PT dado que habían aparecido en la casa de un ejecutivo de Odebrecht listas con nombres de dirigentes del PSDB (y del PMDB), y dinero que se les habría entregado. El juez Moro, actuando acorde a lo que precisaba el partido por el que tenía simpatía, decidió no hacer públicas las listas, pero como la corrupción abarcaba a varios partidos con presencia parlamentaria, no solo el PT perdió legitimidad sino el congreso en general, lo que incrementó la necesidad de la oposición conservadora de seguir poniendo foco en Dilma, conteniendo la bronca popular mediante un impeachment hacia ella.

A pesar de la clara persecución judicial hacia el PT, los expresidentes por ese partido no pudieron convocar a movilizaciones en su favor por el rechazo que generaban en la población, (por las políticas de austeridad y las causas de corrupción) y por no ser el Partido de los Trabajadores un partido con cultura de movilización activa: ese partido desde el año 2002 hasta el año 2016 comenzó a tener militantes que adherían pasivamente a los líderes dado que ellos al decidir no alterar el orden institucional dado, y al aceptar financiamiento empresarial no precisaron de una militancia movilizada (Anderson 2016).

El poder judicial brasileño por más que haya tenido y tenga componentes de derecha, toma en cuenta la opinión pública antes de actuar: se eliminaron las sentencias contra Lula por parte del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, justo en el momento en el que Jair Bolsonaro estaba con la peor imagen, con el 58% de la población rechazando su gestión y un 49% que creía que debía avanzar un juicio político contra él. 

A la par, aquellas derechas  se vieron alentadas por las crisis económicas surgidas por la baja de las commodities: “la caída del precio de las materias primas, la desaceleración de la economía China, la débil recuperación de la caída del euro y el escaso dinamismo de la actividad económica regional, llevó a que en 2015, el producto interno bruto (PIB) de América Latina y el Caribe se contrajera un 0,4%”(Montero & Collizolli,2016,p.10), facilitando  al poder económico local concentrado y transnacionalizado la posibilidad de una agenda internacional y social distinta en nombre de una reactivación económica. 

Los medios de comunicación colaboraron en el desarrollo de la alternativa política derechista Latinoamericana, puesto que son sus dueños parte del bloque económico concentrado (Montero & Collizolli,2016). 

El sistema de medios de comunicación en Brasil es desde la última dictadura militar del año 64, oligopólico. El grupo Glovo, perteneciente a la familia Marinho, mantiene alrededor del 53% de las ventas publicitarias a través del canal La Rede Globo. Ese grupo además es uno de los conglomerados de medios de comunicación más grande a nivel mundial y, se convierte ese grupo en un gran conglomerado mediático por los vínculos de esa familia con Emilio Garrastazu Médici, (presidente de facto entre 1970 y 1974), (Goldstein, 2011). Aquella corporación se mantuvo en su posición de poder por otorgar legitimidad hacia las elites dominantes de Brasil. En el período 2002-2003 presenta el canal nombrado cierta aceptación al PT debido a la ya referida moderación ideológica de éste, pero para 2006 adopta una férrea oposición hacia ese partido y al gobernante Lula y “ aplicó a una denodada batalla para impedir la reelección del candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva, valiéndose, entre otros recursos, de la incontestable penetración de sus noticieros; la principal fuente de información para el grueso de los 188 millones de ciudadanos que raramente lee los diarios” (Goldstein, 2011, p.10) , llegando a mencionar en plena campaña electoral de aquel año cuatro veces mas menciones negativas hacia Lula que hacia Geraldo Alckmin del PSDB. A pesar de la oposición mediática que padeció el oficialismo petista, en la sociedad se produjo un cuestionamiento al discurso producido por los medios hegemónicos, (Goldstein, 2011). A pesar de una opinión desfavorable hacia el oligopolio mediático, no hubo en Brasil hasta el día de hoy, Ley de Medios que derogue la establecida ley de radiofusión de 1962 para cambiar así la estructura mediática oligopólica.

En Bolivia, también se puede hallar un sistema mediático oligopólico y contrario al oficialismo nacional populista: en la TV abierta, para dar un ejemple de la mencionada estructura oligopólica del sistema comunicativo, los cuatro canales principales manejan el 70% de la facturación publicitaria del medio, y el canal Unitel que encabeza la facturación (21,6%), es dirigido por Osvaldo Monasterio ex senador del partido devenido neoliberal MNR.  El cuarto canal en facturación publicitaria, Unocon (13,6%), tiene como dueño al empresario Ivo Kuljis, quien fue candidato a vicepresidente en fórmula con Manfred Reyes Villa, político derechista que regresó a su país desde Estados Unidos tras el golpe de Estado. 

Lo que diferencia a Bolivia de Brasil, es que en el primero si se aprobó una Ley de Medios a través de su Poder Legislativo (Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia), que redujo la participación del sector privado en los medios, llevándolos a tener en el rubro mediático una  participación del 33% cuando antes poseían una del 90% , dejando los dos tercios restantes del espacio mediático en el Estado y a medios sociales e indígenas, haciendo honor a la nueva Constitución sancionada en el año 2009 que en su artículo 107, inciso tres establece que ” Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolio u oligopolios.”, y  en su inciso cuatro que “El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades.”

Conclusión

Al parecer, tanto el PT en Brasil como Evo Morales en Bolivia lograron llegar al poder por el rechazo a las políticas aplicadas por el emergente modelo neoliberal. La ilegitimidad que comenzaron a padecer a finales de sus mandatos se debió en parte, a no romper con la matriz productiva impuesta por dicho modelo, lo que llevó a nuevos aumentos de la pobreza, y al mantenimiento de una elite económica privilegiada.

Pudieron crecer esas fuerzas conservadoras y liberales al prometer la satisfacción de demandas como la de mayor seguridad, de freno a la corrupción, y de terminar y/o evitar autoritarismo asociado al que yace en Venezuela. Esas demandas provenían de sectores medios y urbanos que brindaron apoyo a los gobiernos populistas de izquierda en sus primeros tiempos, pero aquellos gobiernos no pudieron satisfacerlas porque implicaban cambios sociales de raíz que no se implementaron a pesar de haber gozado de una relación de fuerzas favorable en un principio.

Bibliografía

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