Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la desarticulación y debilitamiento del poderoso bloque Uribista durante el mandato del ex presidente Iván Duque, y, la relación que esta recaída tuvo con la posibilidad del ascenso de una nueva fuerza política de izquierda al gobierno nacional, de la mano de Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales. Para contextualizar el análisis, se comenzará por hacer un recorrido histórico que permita comprender los orígenes del conflicto en Colombia, y su relación con la instauración y continuación del neoliberalismo en el país. Como segundo momento se intentará explicar la crisis uribista desde el gobierno de Duque en base a tres perspectivas simultaneas: Acciones del gobierno impopulares, crisis en la credibilidad del fenómeno uribista y, el acuerdo de paz como un espacio que quedo abierto. Por último, propondremos una reflexión acerca del tardío giro a la izquierda de Colombia en la región y el desafío que este representa en su verdadera instauración hegemónica.
Palabras Clave: Hegemonía, Uribismo, conflicto, grupos armados, crisis, cambio.
Introducción
El ascenso a la presidencia del ex mandatario Iván Duque en el año 2018, parecía una señal de la reinstauración del orden “uribista” con la que se había quedado el imaginario colectivo colombiano en la última presidencia del mandatario Álvaro Uribe Vélez, pero lejos de ser así, los cuatro años de gestión de Duque terminarían por representar un golpe duro y contundente para la ruptura de la hegemonía uribista en el país. Desde su posesión presidencial, el mandatario del centro democrático se vio enfrentado a diferentes marchas sociales que se iniciaron en el año 2018, y que a medida del avance de su gobierno, fueron incrementando hasta llegar a ser multitudinarias con un fuerte estallido social en un contexto de Pandemia y crisis mundial; la falta de respuesta de su gestión y sus planteamientos neoliberales, más la desaprobación del 79% al dejar su mandato, trajeron grandes consecuencias para el posicionamiento del uribismo como una fuerza política relevante en las elecciones de este año; por primera vez en la historia de las últimos dos décadas del país, un candidato propuesto por el uribismo no pasó a competir en el ballotage, además de esto, terminaría por darse un cambio histórico: Sería la primera elección en la que un candidato de “Izquierda” triunfase democráticamente para ocupar la casa de Nariño.
El propósito de este trabajo es analizar el quiebre de la “excepcionalidad del caso colombiano” por su preeminencia neoliberal en la fuerza política del país, y cómo fue posible dicho quiebre a través de la victoria presidencial de líder de “izquierda” Gustavo Petro; para dar cuenta de lo mencionado anteriormente, nos adentraremos en tres aspectos principales que condujeron a la crisis hegemónica del Uribismo en la gestión de Iván Duque y, que terminaron dando el camino para la configuración del tardío, pero alcanzado giro a la izquierda en el país, estas son las acciones impopulares durante su gobierno, la crisis en la credibilidad del fenómeno Uribista ,y por último, el acuerdo de paz como un espacio que quedó abierto.
Ahora bien, antes de comenzar el análisis de la crisis hegemónica uribista y su relación con el ascenso del Líder Gustavo Petro a la presidencia, haremos un recorrido histórico que nos permitirá sentar las bases para entender las raíces del conflicto colombiano, su influencia en el panorama del país y la configuración y reconfiguración que se le dio del mismo desde la instauración del neoliberalismo en el país, especialmente en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
Finalmente cerraremos este artículo con una reflexión sobre los desafíos con los que se enfrenta el nuevo gobierno de “izquierda” del Pacto Histórico en relación a la construcción de una verdadera hegemonía renovadora en el país. La presidencia ya se ganó, pero queda el desafío de construir un nuevo horizonte en el territorio colombiano.
Hablemos de Historia:
Si hablamos del conflicto en Colombia, podemos mencionar dos grandes temas que estuvieron estrechamente vinculados con el desarrollo del mismo en el escenario del país: La disputa de la lucha por la tierra y la restricción de espacios para la participación política; tópicos que terminaron por abrir de alguna u otra manera el camino para la instauración del uso de la violencia y la lucha armada como método de subsistencia en el país.
Durante el s. XIX el Partido Conservador y el Partido Liberal se instauraron como las dos fuerzas políticas principales de Colombia. El primer partido, se caracterizaba por tener una política de protección de los intereses de las elites adineradas; mientras que el segundo, representaba una alternativa “reformadora”, en defensa de los intereses de comerciantes y grupos que quedaban fuera de la elite tradicional conservadora. La lucha por el poder entre ambas fuerzas obtuvo como resultado un total de cincuenta y cuatro guerras civiles, y su extenso enfrenamiento terminó por desencadenar el reconocido período de la violencia.
Para principios del siglo XX la confrontación entre liberales y conservadores seguía en auge, los asesinatos y agresiones se habían vuelto algo común en el panorama. El país se encontraba en un contexto de crisis política y social, a consecuencia de los impactos negativos que traería la segunda Guerra Mundial sobre el territorio. Para el año 1948, todo empeoraría con el magnicidio de uno de los mayores líderes del liberalismo, Jorge Eliecer Gaitán, acontecimiento que fue reconocido como “El Bogotazo” y, que terminaría por sumergir al país en una guerra civil partidista con más de 180.000 muertes durante seis años. Tras una breve dictadura militar (1953-1957) con el general Gustavo Rojas Pinilla, el Estado colombiano quedaría desdibujado por la escalada de una violencia irresoluta, y la arquitectura de una participación patrimonializada por élites políticas y económicas.
En 1956 el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron el Pacto de Benidorm como respuesta a la crisis latente. El acuerdo establecía el sistema de alternancia política entre ambas fuerzas, nombrado como el “Frente Nacional” y anunciaba el regreso al sistema democrático después de la dictadura militar de Rojas Pinilla. Para finales de los cincuenta, era evidente la urgencia del planteamiento de una ley de reforma agraria. La instauración del Frente Nacional traía la ilusión de que, aliviado el conflicto interpartidario, el gobierno podría concentrarse en resolver la crisis de la estructura social rural, atravesada por la inequidad en la distribución de la tierra. Los campesinos se habían vuelto una gran masa empobrecida
a causa del desplazamiento forzado del campo a las ciudades, la desigualdad en la distribución de los recursos, y, la ausencia del Estado en el territorio. Todo lo mencionado anteriormente dio el espacio para la insurgencia de la instauración de nuevos grupos guerrilleros comunistas, que vendrían a ocupar el lugar vacío y abandonado por el Estado colombiano, en primer lugar, se conformarían como grupos de autodefensa integradas por campesinos de tendencia liberal desplazados durante el período de La Violencia, que más tarde adoptarían la ideología comunista.
Según Gina Paola Rodríguez (2016) las zonas rurales comenzaron a ser lideradas por principales figuras como las de Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda Vélez) y Jacobo Arenas- futuros fundadores del grupo Armado ante la Ley FARC- que guiaban un movimiento campesino formado para labrar la tierra más allá de la frontera agrícola y conducirse bajo su propia normativa comunitaria. Estos territorios tenían condiciones altamente precarias, sin la presencia estatal y su escasez de recursos era imposible instaurar programas de salud, educación y economía para su población.
Como se mencionó más arriba, las autodefensas campesinas, se transformaron en guerrillas móviles para el año 1964 con la creación del Frente Sur , y posteriormente la fundación de las FARC. A estas organizaciones guerrilleras, se unieron el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y años después el M19, cada uno de estos movimientos nació en situaciones históricas y regionales particulares, pero todos se instauraron como puntos de resistencia y combate armado ante el olvido estatal de sus zonas, la falta de respuesta en la lucha por la tierra, y la continuación de un sistema de dominación excluyente. Por último, para los años ochenta, se sumaron una serie de acontecimientos de la esfera internacional que impactaron al país con una fuerte crisis económica y social, permitiendo la instauración del neoliberalismo como una salida alternativa a los problemas instalados.
La llegada del neoliberalismo al país, De Galán a Uribe.
Para varios autores como Juan Carlos Torre (1998) la crisis del petróleo en la década de los setenta y su impacto tardío-diez años después- en las diferentes economías de la región, condujo a una crisis en el continente, que vino acompañada con el cierre de los mercados del “primer mundo”, el aumento de la estanflación, y el incremento de las tasas de interés de la deuda externa en el continente. Este escenario trajo la necesidad de una redefinición de la economía y política nacional en la mayoría de los países de la región; el concepto suponía transformaciones en favor de la acumulación privada, la reducción de la intervención del Estado y, el fortalecimiento de la competitividad internacional.
Frente a la serie de acontecimientos mencionados previamente según el autor, se dio la oportunidad, o el espacio necesario, para que se llevaran a cabo una serie de reformas estructurales en el continente orientadas a la reducción del papel del Estado en la economía y la redefinición de las relaciones entre las economías nacionales y el mercado internacional en favor de una mayor integración. Así, los presidentes de los diferentes países del continente comenzaron a analizar una serie de reformas guiadas a las transformaciones en favor de la acumulación monetaria y el fortalecimiento de la competitividad internacional. Estas reformas y su realización se encontraban enfocadas en la privatización de los bienes y servicios, la desregularización del Estado como garante de lo económico y lo social y, finalmente, la flexibilización del mercado laboral, trayendo como consecuencia el aumento del subempleo y desempleo en la región. El territorio colombiano no escapó de esta realidad, para el año 1990 el panorama conflictivo del país seguía presente, el problema con los grupos guerrilleros y las fuerzas subversivas no se había solucionado, de hecho, la tensión social estaba en aumento en relación con la inseguridad y el narcotráfico, y, el impacto de la crisis del petróleo mencionada anteriormente, terminó por ser la punta quiebre para la irrupción e instauración del modelo neoliberal en el país. Cesar Gaviria, por el partido liberal, fue elegido presidente para esa época, el líder recogería las principales ideas del modelo neoliberal expuesto por los chicago boys en América Latina. En el país la coyuntura se va a desarrollar con la crisis de los mercados, del modelo económico y obviamente la crisis social, y la crisis derivada del conflicto armado y su continua presencia. En este contexto, se cambia el marco constitucional, y se lleva instaura la nueva constitución de 1991, que plantea un nuevo marco legal, intentos de diálogo con el M19, ELN y las FARC y la primicia de “un Estado social de derecho” en mira de lo colectivo sobre “lo individual”. Sin embargo, a nivel económico, suceden una serie de reformas estructurales que terminan por implementar otros resultados: apuntaban al cambio del modelo de desarrollo en el país. En primer lugar, el Estado cambió la regulación entre las empresas (capital) y el trabajo, para flexibilizar el mercado laboral a través de la ley 50, que dejaba al arbitrio la regulación de los salarios de los trabajadores colombianos, causando que la mayoría de los salarios fuesen mayormente bajos y que la condición del subempleo aumentara en el país. Al mismo tiempo, el Estado llevó a cabo una ola de privatizaciones que apostaba al mejor postor, como por ejemplo la privatización de CARBOCOL durante el gobierno de Andrés Pastrana. Por último, en medio de la presidencia de Gaviria, se dio paso al proceso conocido como “la apertura económica” que termina de concluirse en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la firma de los tratados de libre comercio, abriéndole el país a los capitales extranjeros, con una economía de enclave (al estilo de la etapa de la colonización) que permite la inversión de capitales extranjeros, paga de bajos salarios, creación de zonas portuarias libres de aranceles y, la libre entrada de mercancías con un gran índice de importaciones en el país.
Torre (1998) señala que en realidad más que hacer una serie de propuestas objetivamente sustentables para el contexto de la crisis, las reformas estructurales simplemente fueron una alternativa bien “situada” ante las demandas y de desesperación de las necesidades que trajo consigo la crisis. Y lejos de resultar finalmente como un proceso efectivo, esta serie de reformas tendrían consecuencias devastadoras para el continente, su falta de eficiencia en el planteamiento del modelo neoliberal y sus políticas implementadas traerían resultados altamente negativos como el aumento de la pobreza, el desempleo y la desarticulación misma el Estado como garante de las problemáticas sociales que para la década de los 2000 daría un giro a la izquierda en la mayoría de los países latinoamericanos. Lo que podemos ver en el caso colombiano es que, aunque efectivamente las reformas estructurales tuvieron consecuencias altamente negativas en el país, aun así, en Colombia no se dio un giro a la izquierda, como en las demás naciones de la región; con la sucesión a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, el caso colombiano parecía ser la excepcionalidad del continente.
La fuerza del uribismo.
Para inicios de la década de los 2000 la mayoría de los países de la región se encontraban con la irrupción de líderes de izquierda que llegaban al poder como respuesta ante las crisis de las gestiones neoliberales. Sin embargo, el caso colombiano era diferente, si bien por primera vez ganaba un candidato que no fuese conservador o liberal, la presidencia de Álvaro Uribe Vélez lograría continuar con el modelo neoliberal, y, de hecho, consolidaría sustancialmente una línea de derecha dentro de la construcción de su hegemonía uribista, que no sería únicamente apoyada por factores económicos, sino también ideológicos.
Siguiendo a Carolina Galindo Hernández (2007) Uribe llegó a la presidencia en el año 2002, luego de capitalizar el descontento nacional por los escándalos y fracasos de los últimos gobiernos neoliberales en la década de los noventa, que se debieron, en primera instancia, al escándalo de corrupción del ex presidente Ernesto Samper (1994-1998) en el financiamiento de su campaña presidencial con dineros ilícitos provenientes del narcotráfico colombiano, con una estrecha vinculación con el cartel de Cali. Y, en segunda instancia, con el fracaso en el intento de Andrés Pastrana por llevar a cabo una salida negociada del conflicto armado con las guerrillas. Estos acontecimientos generaron una crisis de legitimidad del Estado Colombiano, tanto en su ciudadanía como en la comunidad internacional, percibiéndosele como un “Estado fallido”. A su vez, su falta de capacidad en articular a la sociedad colombiana en un objetivo común, fue rápidamente aprovechada por los grupos guerrilleros para extender su presencia e intensificar sus ataques en medio del territorio nacional.
El ascenso de secuestros, los ataques indiscriminados contra civiles y la instauración de bombas por diferentes ciudades fortalecieron la imagen de las FARC como una organización criminal y poderosa.
Todo lo mencionado anteriormente posibilitó el escenario en el que el uribismo lograría posicionarse como la “salvación” de las principales demandas ciudadanas sobre la seguridad nacional, frente a la escala del conflicto armado. Según Galindo (2007) el presidente se presentó como el articulador de las principales demandas, con su llamado a su política de “mano dura” tenía como objetivo la resolución del conflicto armado desde una perspectiva de apelación nacionalista y militarista que lograrían articularse como fundamento para la unidad de la ciudadanía en el “gobierno del bien”. El establecimiento de su discurso trajo como consecuencia la producción de una frontera antagónica entre un “ellos” (malos) y “nosotros” (buenos) por el cual se dividió el espacio social colombiano: Un polo se encontraba ocupado por los ciudadanos “de bien” y el otro, por “los delincuentes del conflicto, los guerrilleros homicidas”. La instauración del enemigo mediante su discurso, fue una herramienta clave para la configuración de la hegemonía Uribista en el espectro social.
Dentro de este proceso, la apelación por la patria permitió que el uribismo alcanzara un gran apoyo por todo el país. Fue así, como logró instalar su política gubernamental de Seguridad Democrática que proponía un rol más activo de la ciudadanía frente a la lucha contra el terrorismo subversivo, como un acto patriótico en la defensa del país. Para lograr el éxito de su política Uribe se apoyó en una ofensiva militar amplia y sistemática contra todos los grupos guerrilleros, respaldada ampliamente por los recursos norteamericanos. Al mismo tiempo planteó la necesidad de la participación de la sociedad civil en el fortalecimiento de las actividades de los órganos de seguridad. En consecuencia, se crearon unidades de soldados campesinos, un incremento del presupuesto para la defensa nacional, y el estímulo por la entrega de armas de los grupos armados ilegales.
Si bien es cierto que la presidencia de Uribe tiene varios indicadores para analizar, me interesó enfatizar principalmente en el manejo de su discurso patriótico y su política de Seguridad Nacional, como elementos claves en la instauración de su hegemonía para más adelante retomarlo respecto a la crisis que está viviendo en la actualidad.
Para fines de su presidencia Uribe habría dejado una imagen positiva de más del 80% en la ciudadanía, algunas de las razones fueron la disminución de la inseguridad en las zonas rurales del país, y la reducción de algunas de las principales guerrillas, como las FARC. Esto le dio un amplio poder político y electoral al ex líder colombiano, sin embargo, el asunto cambiario en las últimas elecciones, donde por primera vez, el candidato representante de la fuerza Uribista no llegaría ni siquiera a la segunda vuelta, ¿Qué pasó?
La crisis Uribista desde el gobierno de Duque:
El respectivo análisis sobre la crisis de la hegemonía Uribista durante el gobierno del ex mandatario Iván Duque presupone tres perspectivas simultáneos que recogen las principales causas de este cambio.
Acciones Impopulares en el gobierno de Duque.
En su discurso de asunción, Iván Duque se proclamó como el representante de la renovación política y en su pacto por Colombia se comprometió a gobernar libre de odios, enfrentamientos e injusticias. Pero, paradójicamente, de acuerdo con Gómez Yudi Lorena (2021) su gobierno estuvo marcado por lo contrario: una crisis social se desataría en 2019 tras las acciones del Ejército que llevaron a la muerte de menores de edad en el departamento de Caquetá, y los asesinatos de los indígenas en el Cauca a manos de grupos criminales, episodios que devinieron en la renuncia del entonces ministro de Defensa Guillermo Botero.
Sumado a lo descrito anteriormente, durante su gestión el ex mandatario intentó llevar a cabo una serie de reformas impopulares que se situaron durante el contexto de la Pandemia Mundial COVID 19, estas principalmente fueron la presentación de un plan de reforma tributaria y del sistema de salud. Dichas medidas tuvieron una repercusión negativa en un amplio sector social, que terminaría manifestándose con el inicio de un paro nacional desde abril del año pasado, y que al ritmo del estallido social logró conseguir el freno de las reformas en el país.
El proyecto de la reforma tributaria tenía como objetivos principales ampliar la base de recaudación impositiva, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental. Uno de los puntos más polémicos era el supuesto de cobrar un impuesto a la renta a personas que ganasen un sueldo mensual de más de US$663, teniendo en cuenta que para esa época el salario mínimo era de US$234. Además, la ley proponía imponer el cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA) a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como celulares, y demás rubros. Para quienes se oponían al proyecto, la respuesta al incremento de los gastos no debía buscarse con más impuestos sobre la clase media del país.
A causa de la masificación de las protestas, Duque terminó solicitando al Congreso de la República retirar la reforma tributaria presentada. No obstante, el paro nacional continuó con el foco puesto en el proyecto de ley 010 de 2020 de reforma a la salud y la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
La reforma a la salud pretendía garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del Sistema General de Seguridad Social. Para lograr esto, uno de los principales objetivos de la reforma sería lograr que las empresas prestadoras de salud (EPS) compitieran en calidad de servicios, con la intención de que el sistema garantice la atención integral de los pacientes. La principal crítica que recibió el proyecto fue que no apuntaba realmente a una reforma de la salud, sino a la privatización de la misma; pues, en la práctica, terminaría por auspiciar el detrimento del derecho fundamental en favor de la rentabilidad financiera de aseguradores, y prestadores de la salud, beneficiando realmente a las empresas más que a los usuarios.
Al calor del incremento de las personas en las calles en su lucha por la detención de los proyectos de reformas, y la demanda del cumplimiento del acuerdo de paz, aparecía una gran sistematicidad de la violencia. Organizaciones a favor de los derechos humanos reportarían alarmantes cifras de violencia policial contra los manifestantes. Según informes de la ONG local temblores, tan sólo los tres primeros días de las protestas las acciones policiales dejaron un balance de 1.181 casos de violencia policial, 92 de abuso de la fuerza, 26 víctimas mortales, 4 víctimas de agresión sexual, y 672 detenciones arbitrarias. Las cifras oficiales, reportadas por la Defensoría del Pueblo, fueron menores a las de varias ONG.
El ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que la muerte de esas personas se debía a “la acción criminal de vándalos”, a la vez que responsabilizó por la violencia a “organizaciones criminales” las cuales, según el Gobierno, eran las culpables de los altercados. Fundamentaban su argumento en que se trataba de actos premeditados y organizados por los grupos de disidencias de las FARC y el ELN.
Habiendo hecho el recuento del panorama de la presidencia que dejó Duque, pudimos evidenciar que su intento por llevar a cabo una serie de reformas en una pandemia condujo a un estallido de la protesta social contra sus medidas, que contrarias a ayudar al contexto de crisis social y económica, profundizaban la desigualdad y precarización de condiciones dignas de los ciudadanos del país. La falta de respuesta de un gobierno activo llevó a que miles de colombianos se alistaran para marchar en defensa de sus derechos. Acto que se tradujo en una escalada del abuso policial frente a las manifestaciones, al parecer, el gobierno tampoco fue capaz de dar respuesta ante estos delitos, y personajes de su bloque político tuvieron como argumentos quitar la culpabilidad de las fuerzas policiales, y redirigirlas hacia los grupos guerrilleros. Las sumas de estos actos conllevarían a que Duque, inclusive siendo en un inicio “el representante de la reinstauración del orden Uribista” se convirtiera en uno de los presidentes más impopulares en la historia del país.
Crisis en la credibilidad del fenómeno Uribista.
Ahora bien, en este punto cabe aclarar que creemos que, no fue únicamente la gestión de actos impopulares durante el mandato de Duque las que llevaron a la crisis de la hegemonía Uribista a su lugar, sino más bien, una suma de aspectos, que terminaron por congeniar. El segundo se relaciona respectivamente con la crisis de la imagen de Uribe, y la reconfiguración de una mirada más conciliadora hacia los grupos armados, desde la presidencia de Juan Manuel Santos en el año 2010.
Para el año 2020 la corte colombiana de Justicia decidió imponer detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe por presuntos delitos de soborno y fraude procesal, según confirmó el máximo tribunal; caso que tuvo el seguimiento contra el exmandatario por supuesta manipulación de testigos. A pesar de que el expresidente negase rotundamente los cargos, este acontecimiento impactó fuertemente en su imagen. Los cuestionamientos no demoraron en llegar, y la confianza que se le tenía en un pasado comenzó a ser cuestionada.
Por otro lado, al escenario se sumaron el hallazgo de fosas comunes que revivieron el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como los falsos positivos. Las autoridades colombianas anunciaron desde el 2019 el hallazgo de fosas en las que “se encontrarían los restos de personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate”. Esta práctica ilegal, consistió en el asesinato de civiles por parte del Ejército, donde posteriormente se les presentaba muertos en combate. Durante la presidencia de Uribe (2002-2010), se promovió un modelo de estímulos a los soldados por bajas obtenidas de sublevados, lo que fue considerado como la causa de las ejecuciones indiscriminadas de civiles, denunciados mayormente en zonas de vulnerabilidad, como el barrio de Soacha en Bogotá.
Para el año 2010 asumió el poder el presidente Juan Manuel Santos, quien había sido el ministro de defensa durante el segundo gobierno de Uribe. Tras resultar elegido en las urnas, se alejó de la idea de la “mano firme” con el terrorismo que tenía su precesor, y paso al intento por enfocar la insurgencia de las FARC con un posibilismo que buscaba una solución negociada para el extensivo conflicto armado, activo desde 1964. Dicho planteamiento provocaría enfrentamientos con los sectores del uribismo que lo acusaban de “traidor” y “contradictor” Sin embargo el estadista colombiano saldría victorioso, y en las votaciones de 2014, ganaría en su reelección -con el partido de la U- para seguir llevando a cabo el complejo proceso de la búsqueda por la paz.
El aumento de la impopularidad de Uribe a causa de sus escándalos por procesos de soborno y delitos procesuales, sumado al hallazgo de fosas comunes y con ellas el reavivamiento de los delitos de lesa humanidad durante su presidencia y, finalmente, la redefinición de las guerrillas ya no vistas desde el enfrentamiento, sino, desde un intento de conciliación y perdón, causaron que el orden uribista basado en la creación de un enemigo interno, y su discurso vinculado a las políticas de seguridad democrática no contaran con la misma capacidad de poder que en el contexto de otros tiempos. Como afirman Zubíria y Libreros (2021) la crisis colombiana que se vivió durante el gobierno de Duque también fue una crisis de hegemonía, una orgánica, puesto que al mismo tiempo supuso una “crisis de autoridad” y una “crisis de representación”
El proceso de paz como un espacio que quedó abierto.
En septiembre de 2015, se anunció que las idas y venidas en los Diálogos de Paz podían desembocar en un acuerdo final en el plazo de seis meses. En un panorama de avances parciales, y retrasos en junio de 2016 en La Habana Santos y el líder máximo de la guerrilla, el comandante Timochenko, anunciaban los tres acuerdos medulares, entre ellos el de Cese al fuego y la Dejación de Armas. Para agosto del mismo año Santos entregaba al Congreso el texto definitivo del acuerdo de paz, y ordenaba al Ejército la finalización de los operativos militares. El conflicto armado se consideró oficialmente concluido el 29 de agosto. El 26 de septiembre, en presencia de quince mandatarios latinoamericanos reunidos para la histórica ceremonia en la ciudad de Cartagena de Indias, el presidente de la República y el jefe de las FARC Timochenko, colocaron su firma al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Aunque el plebiscito por la paz realizado por Santos para acompañar el proceso hubiese tenido como resultado la victoria del voto del “no” con el 50,2% por múltiples causas, como la creencia de una impunidad no merecedora, sin afectar la definición del tratado, habría el espacio para que, progresivamente en Colombia, fuese apareciendo una mirada más conciliadora y reflexiva hacia la paz. Aunque el tratado de Paz haya sido firmado y con este el conflicto armado considerado como “finalizado” aún quedaron muchos retos posteriores al fin de la presidencia de Santos para que esto fuese reflejo realmente en la realidad colombiana. Al aparecer el planteamiento de este tratado daba el camino para que la sociedad comenzara a ver al conflicto ya no desde la miraba de una lucha entre enemigos, sino más bien, como un intento de reconciliación. En este último punto, el Uribismo no logro evidenciar que la opinión ciudadana respecto a este tema estaba cambiando, y, en su intento por continuar con su “mano dura” contra el terrorismo, perdió un espacio de oportunidad que había dejado abierto el tratado de paz.
Finalmente, para las elecciones de 2022, llegaría al panorama un líder que lograría ocupar aquel espacio que quedó abierto. Gustavo Petro Urrego, movilizó las banderas por de igualdad y el verdadero cambio, el candidato dirigió su campaña en exponer la propuesta de una “Paz total” apuntando a dos grandes puntos: Un acuerdo de paz con la guerrilla del ELN- que siguió operando en el país- y, la creación de un gabinete de paz y una agrupación integrada por la Alta Consejería para la Paz para que estos organismos fuesen los encargados de abarcar especialmente todos los temas relacionados con el proceso de paz. Su apuesta por el discurso que apela a la cultura para la paz, logró captar el apoyo de miles de colombianos que, en su hartazgo por la guerra y el conflicto que tantas heridas dejó en el país, apostaron por el candidato, con la esperanza de un verdadero cambio.
Todo lo mencionado anteriormente nos permite evidenciar que, aunque llegase tarde, el giro a la izquierda en Colombia finalmente se dio, y como diría Marco Aurelio García este representaría no una época de cambio, sino “un cambio de época” para el pueblo colombiano.
Conclusiones: El desarrollo de este trabajo permitió evidenciar que el país se encontró altamente atravesado por un conflicto armado latente y arraigado durante su historia; desde la instauración de las guerrillas como grupos de autodefensas campesinas en un inicio, hasta la política de lucha y confrontación del enemigo interno instalado por el Uribismo. Lo que es cierto es que, desde la firma del acuerdo de Paz llevada por Juan Manuel Santos, se reconfiguró en gran parte de la población colombiana una mirada más conciliadora hacia los grupos guerrilleros. Al parecer el gobierno de Duque estuvo atravesado por varios sucesos que, en conjunto, terminaron por llevar a la crisis hegemónica del uribismo y la pérdida de su poder político y electoral: Los desaciertos de la gestión del ex presidente, la pérdida de legitimidad en la Imagen de Uribe, y su viejo discurso de combate contra las guerrillas, configuraron el espacio perfecto para que el uribismo cayera en jaque, y en las últimas elecciones, ganara por primera vez un líder de “Izquierda”. Si bien es cierto, que la llegada de Gustavo Petro significa un cambio para el país, es importante tener en cuenta la posibilidad real con la que cuenta para llegar a un verdadero cambio, el nuevo mandatario tiene como desafío ir en contra de la corriente de la élite política colombiana que se mueve mediante la apelación al odio y conspiración, y, lograr definir un nuevo y sólido horizonte que recoja al pueblo colombiano para la reconstrucción de una nueva hegemonía en el país.
Por último, García Linera (2016) plantea que el mundo se ha visto envuelto en una crisis en donde, ni la derecha ni la izquierda logran posicionarse como un bloque sólido, su falta de instauración de fronteras que encaucen a la población hace que los mandatos de ambas fuerzas se alternen constantemente y no haya un poder “estable en el tiempo”. En el caso colombiano está por verse si Gustavo Petro repetirá el patrón descrito por Linera o, por el contrario, se convertirá en el líder que verdaderamente logre instalar un nuevo camino en el país; queda a la expectativa de nuestra imaginación pensar si este lo logrará, o si seguirá siendo una disputa hegemónica de final abierto (Montero y Collizoli, 2016).
Bibliografía
- Galindo Carolina (2007) : “Neopopulismo en Colombia: El caso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez” , en Revista de Ciencias Sociales. Num 27. Quitó, Enero 2007.
- García Linera Álvaro (2016) : “La globalización ha muerto” ,2016.
- Garcia Marco Aurelio «Nuevos gobiernos en América del Sur. Del destino a la construcción de un futuro», en Nueva Sociedad Nº 217, Buenos Aires, septiembre-octubre de 2008.
- Gómez Yudi Lorena (2022) : “El uribismo de Iván Duque y la crisis colombiana: reflexiones a partir del post-acuerdo de paz, en revista Orbis Latina, volumen 12, número 2, Junio 2022.
- Montero Federico y Collizzolli Fernando, «Las nuevas condiciones políticas en América Latina: los procesos de cambio ante un punto de inflexión», en Revista Política Latinoamericana Nº 2, Buenos Aires, 2016.
- Rodríguez Gina Paola (2016) : “¿Cesó la horrible noche? Marchas y contramarchas de la paz en Colombia” , en Revista política latinoamericana, Nº3, Buenos Aires, julio-diciembre 2016.
- Torre, Juan Carlos (1998) : “El proceso de las reformas económicas en América Latina”, en editorial Paidós, Buenos Aires.
- Zubiría, Sergio, Libreros Giovanni (2019) : “ Crisis de hegemonía, subjetividades insurgentes y perspectivas” , en Cepdipo, Bogotá, 2019. p. 21-33.